En el Tribunal Supremo de Puerto Rico José M. García Gómez y ...

CC-96-50 24El reglamento 19 proveerá para la celebración de una vista enla que se conceda a las partes interesadas plena oportunidadde ser oídas, presentar pruebas y contrainterrogar testigos,por sí o por representación legal, luego de la cual, y deencontrarse causa fundada, se decretarán las sanciones quecorrespondan con vista a la magnitud de la falta incurrida,incluyendo la suspensión del colegiado por el tiempo y bajolas condiciones que discrecionalmente se determinen. En loscasos que conlleven suspensión del colegiado, el Colegioinstituirá el correspondiente procedimiento de cancelación osuspensión de la licencia ante la Junta Examinadora deIngenieros, Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico dentrode un término no mayor de quince (15) días. Cuando sedecrete la suspensión por el Colegio, el colegiado no podrápracticar la profesión durante el período que dure lasuspensión, no podrá disfrutar de las actividades y losbeneficios que se proveen en este Capítulo y el reglamento.Nada de lo dispuesto en este inciso se entenderá en elsentido de limitar o alterar la facultad de la JuntaExaminadora para iniciar por su cuenta estos procedimientos.”Artículo 2 de la ley, 20 L.P.R.A. sec. 732(h).Con esta disposición, evidentemente quedaban equiparados amboscolegios en lo referente a la facultad discrecional de imponersanciones conforme a sus respectivos reglamentos.2. Ley de la Junta ExaminadoraPor otro lado, además de disponer para la organización de loscolegios profesionales aludidos, la Legislatura también se ocupó develar por el ejercicio de las profesiones en cuestóncuestión, mediantela creación y el establecimiento de un organismo estatal adscrito alDepartamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,denominado “Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensoresde Puerto Rico”. En el año 1927, mediante la Ley Núm. 31 de 26 deabril de 1927, la Asamblea Legislativa no solamente creó la susodichaJunta, sino que le confirió poder para anular cualquiera de laslicencias expedidas, en caso de que se hubiere empleado fraude en suobtención. Sección 12 de la ley. En el 1951, dicha legislación fueenmendada por la Ley Núm. 399 de 10 de mayo, para facultar a la Juntareferida a llevar a cabo aquellos procedimientos de cancelación delicencias que estimare procedentes, cuando le fuera traída a suatención que uno de los profesionales en cuestión hubiese sidoencontrado incurso en negligencia crasa, incompetencia, o conductareprobable en el ejercicio de la profesión. Artículo 19 de la Ley.Los procedimientos instituidos por estas leyes no hacían ningún tipo dereferencia a participación alguna del entonces Colegio de Ingenieros,en estos procesos.Así las cosas, y a fin de atemperar la legislación aludida a larealidad profesional moderna, y para promover la participación activade los colegios en el logro y fiscalización del buen ejercicioprofesional, en 1988, la Legislatura derogó la legislación aludidarelativa a la Junta, y en su lugar aprobó una nueva ley, la Ley Núm.FormattedFormatted19En su reglamento, el Colegio de Ingenieros estableció, que suComité de Ética Profesional tiene la facultad de imponer las medidasreglamentarias que estimare pertinentes, entre éstas: reprensiónverbal, reprensión por escrito, suspensión temporal de la condición decolegiado y expulsión del Colegio. Artículos 5 y 6 del Reglamento deagosto de 1992.