En el Tribunal Supremo de Puerto Rico JosÃ© M. GarcÃa GÃ³mez y ...

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CC-96-50 28profesional impropia si a la vez ello no incluye la de restringir lapráctica profesional.Reconocemos que las consecuencias específicas de las respectivasfacultades para suspender a sus miembros del Colegio de Ingenieros yAgrimensores, y del Colegio de Arquitectos, no están formuladas entérminos idénticos en las respectivas leyes orgánicas de estoscolegios. Pero las diferencias que existen son evidentemente deredacción. Vistas racionalmente en conjunto todas las leyespertinentes, surge claramente de ellas un esquema fundamental común,que no debe soslayarse sólo porque no exista perfecta identidad en laredacción de las leyes particulares. Por ello, pues, reiteraríamos quelas facultades relativas al ejercicio profesional, como losprocedimientos disciplinarios correspondientes de estos dos colegios,son esencialmente iguales. Como la suspensión como miembro del Colegiode Ingenieros y Agrimensores, decretada por éste, por expresadisposición de ley conlleva la suspensión del ejercicio profesional,igual efecto tiene la suspensión como miembro del Colegio deArquitectos, cuando éste la decreta. No hay razones coherentes enderecho para llegar a otro resultado.IVLa constitucionalidad de la facultad delegadaNo cabe duda alguna de que el Estado tiene amplia autoridad pararegular el ejercicio de la profesión de arquitecto. Tal potestad hoyno se discute. Pérez v. Junta Dental, 116 D.P.R. 218 (1985). Esigualmente indudable que actuando al amparo de esa amplia autoridad, laAsamblea Legislativa del Estado Libre Asociado puede delegar en otrasentidades la función de reglamentar lo relativo a la admisión y alejercicio de la profesión, siempre que ello sea razonable. El criterioconstitucional pertinente es uno de racionalidad. Pueblo v. VillafañeFa bián, op. del 10 de octubre de 1995, 139 D.P.R. ___, 95 JTS 132;Asociación de Doctores v. Colegio de Optómetras, op. de 1ro. de febrerode 1993, 133 D.P.R. ___, __ JTS ___; Román v. Tribunal Examinador deMédicos, 116 D.P.R. 71 (1985).A la luz de estos conocidos principios, no tiene validez alguna elplanteamiento del recurrido de que la facultad en cuestión no puededelegarse a una “entidad privada”. Por propia disposición de su ley,el Colegio de Arquitectos no es meramente una entidad privada.Ciertamente es valida la delegación aludida.La única cuestión constitucional que realmente podría levantarseen un caso como el de autos es si la determinación del Colegio desuspender a uno de sus miembros se hizo conforme lo requiere el debidoproceso de ley. En este caso, la Comisión de Etica del Colegio celebróvista para considerar la querella contra García Gómez, escuchó a laspartes, recibió prueba testifical y documental, y resolvió conforme aésta. Se cumplieron, pues, las exigencias básicas del debido procesode ley. En efecto, ello no se ha cuestionado ante nos.VA tono conConforme todo lo previamente señalado, deberíaconcluimosrse que el Colegio de Arquitectos no fueestaba autorizado porla Asamblea Legislativa, para suspender como lo hizo a uno de susmiembros, por violación a los cánones de ética, sin la previaintervención de la Junta Examinadora. En razón de ello, estimamos quelos se debería dictar sentencia para revocar los dictámenes de lostribunales inferiores, y para poner en vigor actuaron correctamente alordenar la restitución desuspensión de García Gómez como colegiado,ordenada por el Colegio de Arquitectos. 20 mientras ostentara la debidaFormattedFormatted20Debemos hacer constar que como el recurrido optó por presentaruna acción independiente de injunction y daños contra el Colegio de
CC-96-50 29autorización de la Junta Examinadora y estuviera al día en sus cuotas. 21Lamentablemente no existe una mayoría del Tribunal que avale estaposición. Como por empate en la votación de los miembros de este Foroque han participado en el caso de autos, se confirma el dictamen delTribunal de Circuito de Apelaciones, y por ende el de instancia, queestimo erróneos, disiento de ese resultado.JAIME B. FUSTER BERLINGERIJUEZ ASOCIADOIV.Por los fundamentos antes expuestos, se dictará sentencia paraconfirmar la del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito RegionalI de San Juan de 24 de enero de 1996.JAIME B. FUSTER BERLINGERIJUEZ ASOCIADOArquitectos, en vez de solicitar la revisión judicial de ladeterminación de dicho Colegio de suspenderlo del ejercicio de laprofesión, tal determinación no ha estado ante nuestra consideración.Por ello, al apoyar que se ponga en vigor la suspensión decretada porel Colegio, lo hacemos sin haber pasado juicio sobre la corrección dela sanción impuesta. La corrección de dicha sanción no fue impugnadaante nos.21En vista del resultado al que hemos llegado, no entraremos a considerar elseñalamiento de error número dos, en torno a la constitucionalidad de la delegaciónpor el estado de la facultad de suspensión a un colegio. Sabido es, que cuando secuestiona la validez de un estatuto, aun cuando se suscite una duda seria sobre suconstitucionalidad , el Tribunal primero se asegurará de si existe una interpretaciónrazonable del estatuto, que le permita soslayar la cuestión constitucional. Pueblo v.Santiago Feliciano, op. de 9 de noviembre de 1995, 139 D.P.R. ___, 95 JTS 154;Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 405 (1990); Banco Popular v. Municipio deMayagüez, 126 D.P.R. 653 (1980); P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631 (1984).
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