Compendio de la legislación ambiental peruana - CDAM - Ministerio ...

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COMPENDIO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL PERUANAVOLUMEN VIIJUSTICIA AMBIENTAL:DEFENSA DE LOS DERECHOS AMBIENTALESY DERECHOS DE PUEBLOS INDIGENASLa literatura sobre el daño ambiental es cada vez más creciente y compleja 1 , máxime si tenemos encuenta que, como acaso en ninguna otra jus disciplina, la relación entre fuentes materiales y formaleses mas imbricada y profundamente interrelacionada. En efecto, las fuentes materiales sobre el dañojurídico ambiental pretenden basarse en explicativas de orden técnico e interdisciplinario, que desbordanlas aproximaciones meramente jurídicas. Lo extrajurídico (vg. las dinámicas ecosistémicas, las diversasformas de contaminación, los diferentes tiempos o ritmos en que se manifiestan y acumulan los daños,la incertidumbre causal, entre otros aspectos), condiciona sensiblemente el ciclo de vida de los sistemasjurídicos ambientales, ya sea en sus procesos de génesis normativa, aplicativa, evolutiva o regenerativa.Los diversos documentos ecuménicos sobre el desarrollo sostenible y sus antecedentes dan cuenta del rolque se le asigna a este daño en el marco de su relevancia jurídico - institucional. 2La acepción de “justicia ambiental” que se ha venido planteando durante los últimos tiempos en la región 3 , enrealidad proviene de las experiencia norteamericana de los años ochenta, cuando un estudio demostró que 3de cada 4 depósitos de desechos peligrosos se localizaba en comunidades afroamericanas; con ello saltó ala palestra la discusión sobre la desigualdad –discriminación- respecto el riesgo ambiental 4 . En nuestro país1 Ver Protección jurídica al ambiente. Tópicos del Derecho Comparado. Saúl Cifuentes y otros. Editorial Porrua, México 2002.2 Ver el siguiente cuadro sinóptico:DocumentoInforme Bruntland (ComisiónMundial sobre Medio Ambiente yDesarrollo, 1987)Cuidar la Tierra Estrategia Mundialpara Construir SociedadesSostenibles (UICN PNUMA / WWF,1991)Declaración de Río sobre MedioAmbiente y Desarrollo (CNUMAD,Río 1992)La Agenda 21(CNUMAD, Río 1992)Declaración de Principios sobreDerechos Humanos y MedioAmbiente (Ginebra, 1994).Declaración de Bizkaia sobre elDerecho al Medio Ambiente (Bilbao,1999)Carta de la Tierra(versión 2000)Principio o DerechoCapítulo 12 Pto 5: Proporcionar recursos jurídicos como el reconocimiento de derechos y deberes ambientales,una Declaración Universal sobre Protección Ambiental, fortalecer y ampliar Convenios Internacionales Ambientalesvigentes, evitar y arreglar controversias ambientales.El Resumen de Proyectos de Principios Jurídicos:: postula la Igualdad en el acceso y proceso imparcial enprocedimientos administrativos y judiciales ambientalesCap. 8: Proporcionar un marco nacional para la integración del desarrollo y la conservación. Acción 8.5 : Instituir unamplio sistema de derecho ambiental y velar por su aplicación y cumplimiento (vg. imponiendo sanciones disuasivas,adjudicando responsabilidades por pérdidas ambientales irreparables, asegurar a los ciudadanos el derecho a actuaren procedimientos judiciales y administrativos contribuyendo a hacer cumplir la ley e imponer recursos por dañosambientalesPrincipio 10: El acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de dañosy los recursos pertinentes. Derecho a un recurso efectivoPrincipio 13: Los Estados deben desarrollar una legislación nacional relativa a la responsabilidad e indemnizaciónrespecto las víctimas de la contaminación y otros daños ambientalesCap. 8. Pto 8.18: Establecimiento de procedimientos judiciales y administrativos de indemnización y reparación pordaños al ambiente. Propiciar el acceso de personas grupos y organizaciones que tengan interés jurídico reconocido.Principio 22: Para la práctica eficaz de los derechos al ambiente adecuado, se consideraran entre otros recursos, losadministrativos y judiciales y los medios de reparación efectivos por daños ambientales o el peligro de dichos dañosArt. 4: Transparencia administrativa y derechos de las personas en materia ambiental; acceso a la información yparticipación, a la organización para defender el medio ambienteArt. 5°: Derecho a un recurso efectivo en instancia nacional e internacionalArt. 6° : Derecho a la reparación de personas o grupo de ellasPrincipio 13 d: Instituir acceso efectivo y eficiente de procedimientos administrativos y judiciales independientes,incluyendo las soluciones y compensaciones por daños ambientales y por la amenaza de tales daños3 El acceso a la justicia ambiental en América Latina: Derecho ambiental y desarrollo sostenible. Dr. Raúl Brañes. ALDA, México D.F. 2000.4 El primer estudio de “racismo ambiental” (1987), encontró que la composición racial del vecindario era el mejor predictor de donde se ubicaría un depósitode substancias tóxicas en EEUU, más allá de otras variables medidas como ingreso, valor de la propiedad y proximidad a los mercados). GOLDMAN,Benjamin (1996). What is the future of environmental justice? Antipode 28:2, pp. 122-141. Tomado de http://www.programabecas.org/numero/11/11.12.htm. ver también de Bunyan Bryant (Editor). Envionmental Justice. Issues, Policies, and Solutions. Island Press. Washington DC.995.3
se intentó consagrar ésta denominación en el título sobre Justicia Ambiental del derogado Código del MedioAmbiente y de los Recursos Naturales; reducido a la acepción convencional Responsabilidad por dañoambiental en el Título IV de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611).La Justicia Ambiental “se entiende como la posibilidad de obtener la solución expedita y completa por lasautoridades judiciales –pero también administrativas- de un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, lo quesupone que todas las personas están en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y para obtenerresultados individual o socialmente justos”, (Brañes, 1992). Sin embargo como revela el propio autor, existenmuchos problemas, barreras u obstáculos para que ésta se pueda canalizar adecuadamente.Además de los problemas naturales de la administración de justicia, el asunto se complejiza con elcomponente ambiental, por ejemplo: costo y tiempo del litigio; poder de los litigantes y su diferente capacidadeconómica y técnica; capacidad de organización de litigantes, complejidad científico-técnica de los casosambientales; naturaleza de intereses en juego (“intereses colectivos y difusos”); personas indeterminadase indeterminables; participación de órgano que representen ese interés; necesidad de un marco jurídicocongruente con la naturaleza tales intereses; discusión sobre la conveniencia de tribunales especializados enlo ambiental o métodos de composición privada de los conflictos por especialistas en la materia, entre otros.En consecuencia, estas dificultades en el acceso a la justicia ambiental, no sólo revela ineficacia del DerechoAmbiental, sino que compromete y pone en tela de juicio la real protección ambiental, así como la viabilidaddel desarrollo sostenible.En resumen: hoy día tanto en el escenario internacional como del derecho comparado y nacional se legitimael concepto de “acceso a la justicia ambiental”.Antecedentes normativos de la responsabilidad por daño ambiental en nuestrosistema jurídico 5Nuestro sistema jurídico desde 1979, constitucionalizó la cuestión ambiental (vg. Artículo 118°) 6 . Sinembargo, no es sino hasta septiembre de 1990 con la expedición del Código del Medio Ambiente y losRecursos Naturales, DL N° 613 -en adelante CMARN- que se asume de modo enérgico y sistemático eltema ambiental. Al igual que en otros países de América Latina y el Caribe, existía en el Perú una profusalegislación inconexa, contradictoria y reiterativa 7 , pero con importantes antecedentes normativos 8 .Con el CMARN 9 , por primera vez se reconoce la legitimación que expresamente tienen las personas parainterponer acciones en defensa del medio ambiente. Así en el Artículo III del Título Preliminar se señalóque:Toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva ante la justicia en defensa del medio ambiente y delos recursos naturales y culturales.Se puede interponer acciones aún en los casos en que no se afecte el interés económico del demandante o denunciante.El interés moral autoriza la acción aún cuando no se refiera directamente al agente o a su familia”5 Una visión sistemática hasta el año 2001del sistema jurídico ambiental peruano en “En busca del Derecho Ambiental II”. En Derecho y Ambiente.Nuevas aproximaciones y estimativas. PUCP, Lima, 2001, p. 21-102.6 Volviendo a reiterarla en otros términos en la Constitución de 1993.7 La tendencia normativa de nuestro sistema jurídico anterior al CMARN: normativa asistemática y reiterativa, sectorializada, yuxtapuesta, noespecializada (vg. ausencia de instrumentos de gestión ambiental); desconexa de las normas sobre desarrollo económico y actividad empresarial,escasa articulación e implementación de la normativa internacional, burocrática, no descentralista, en buena cuenta: sin visión holística y carente deuna política y concepción de gestión ambiental que conduzca u oriente al sistema jurídico nacional.8 Ley General de Aguas, DL 17752 de 1969 y sus diversos Reglamentos, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, DL 21147 de 1975 y Reglamentos, incluido lorelativo a las unidades de conservación –luego ampliada bajo el concepto de Areas Naturales Protegidas, Ley de Comunidades Nativas y de DesarrolloAgrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, DL 22175 de 1978 y su Reglamento DS 003-79-AA, El Reglamento de Clasificación de Tierras DS062-75-AG, así como diversos Convenios Internacionales, como la Convención para el comercio internacional de las especies amenazadas de faunay flora silvestre (CITES), DL N° 21080 (1975), entre otros.9 Sobre el CMARN, ver 10 años del Código del Medio Ambiente: oportunidades en el contexto de la globalización económica. SPDA, SNMP, UICN, Lima,2002.4
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