Gaceta N° 162 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Recomendacionesderecha; refirió también que la tortura tuvo comofin que se declarase culpable de un delito de secuestro.Por su parte, el señor Chacón Cruz refirió sercomandante de un grupo de recuperación de vehículosde la Procuraduría General de Justicia delestado, y que en la fecha mencionada personalde esa institución lo arrestó, que al día siguientelo trasladaron a la Dirección de la Policía Judicial,y posteriormente fue torturado para declararseculpable del referido delito. Los hechoscitados dieron origen al expediente CEDHT/069/2001-3.B. Una vez realizadas las investigaciones correspondientes,el 21 de mayo de 2003 la Comisiónestatal dirigió al Procurador General de Justiciadel estado de Tlaxcala la Recomendación 04/2003, en los siguientes términos:PRIMERA. Iniciar el procedimiento administrativode responsabilidad y la averiguaciónprevia que en su caso corresponda, parainvestigar las posibles faltas o ilícitos que hayancometido en sus actuaciones los servidorespúblicos Miguel Ángel HernándezCervantes, Fortino Cárdenas Muñoz, CésarGarcía Barbosa, Francisco José SánchezNava, Humberto Ayala Santacruz, agentes dela Policía Ministerial, y el comandante de dichacorporación José Amelco Hernández,todos ellos de la Procuraduría General de Justiciadel Estado de Tlaxcala, que intervinieronen la detención de Verónica GabrielaNúñez y Guillermo Brito González y de lacual se presume la existencia de probabletortura en agravio de los quejosos antes referidos.SEGUNDA. Se inicie el procedimiento administrativode responsabilidad para investigarlas posibles faltas o ilícitos que haya cometidoen su actuación el Lic. J. David ArturoRamírez Flores, agente del Ministerio Públicoadscrito a la Procuraduría General de Justiciadel estado, que libró las órdenes de comparecenciaen contra de Verónica GabrielaBonilla Núñez, Guillermo Brito González yVíctor Mauro Chacón Cruz, dentro de la averiguaciónprevia 211/2001-3, por no haberagotado la citación previa de acuerdo a loestablecido por la jurisprudencia referida enlas observaciones de este documento, sin respetarlas garantías de libertad y seguridadjurídica establecidas por el artículo 16 de laConstitución General de la República.C. El 11 de junio de 2003 la Comisión Estatal deDerechos Humanos de Tlaxcala recibió el oficio276/2003, a través del cual el licenciado EduardoMedel Quiroz, entonces Procurador Generalde Justicia en esa entidad federativa, informó queno aceptaba la segunda recomendación, bajo elargumento de que el artículo 21 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanosconcede al Ministerio Público la más amplia facultadpara la investigación y persecución de losdelitos; de igual modo, señaló que el artículo 10del Código de Procedimientos Penales para el EstadoLibre y Soberano de Tlaxcala establece quecuando se tenga conocimiento de la probable existenciade un delito, los funcionarios encargadosde las diligencias dictarán las medidas necesarias,entre otras, para impedir que se dificulte laaveriguación.D. El 4 de agosto de 2003 esta Comisión Nacionalrecibió los escritos de los señores VerónicaGabriela Bonilla Núñez, Guillermo Brito Gonzálezy Víctor Mauro Chacón Cruz, por mediode los cuales presentaron un recurso de impugnaciónen contra de la determinación de la ProcuraduríaGeneral de Justicia del Estado de Tlax­Gaceta 162 165enero/2004