Gaceta N° 162 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Gaceta de la CNDHéticamente responsable, que la atención materno-infantiltiene carácter prioritario, que el expedienteclínico debe ser elaborado en forma ética,profesional y conforme a la norma oficial mexicanacorrespondiente y que los servidores públicostienen la obligación de cumplir con el servicioencomendado y abstenerse de cualquier acto uomisión que cause su suspensión o deficiencia,o implique el incumplimiento de cualquier disposiciónlegal, reglamentaria o administrativarelacionada con el servicio público.También se acreditó la responsabilidad institucionalde la dependencia a su cargo, toda vez queel ISSSTE tiene entre sus finalidades de administraciónde la seguridad social la de garantizar elderecho a la protección de la salud de los derechohabientesy sus beneficiarios, por medio de la asistenciamédica, función que no cumplió en la prestacióndel servicio médico que se otorgó a la señoraClaudia Yasmín Burgara Alarcón, como quedóestablecido en los párrafos anteriores; así comopor la falta de cobertura con personal idóneo en elServicio de Ginecoobstetricia, en los términos delo dispuesto por los artículos 18; 19, fracción I;21; 48; 70, fracción I; 97; 99, y 111, fracción I, delReglamento de la Ley General de Salud en Materiade Prestación de Servicios de Atención Médica,ya que fue atendida por médicos internos depregrado, sin la supervisión y vigilancia del médicoespecialista responsable de ese servicio.Igualmente, los médicos tratantes no atendieronlas disposiciones relacionadas con el derechoa la protección de la salud previsto en los instrumentosinternacionales, celebrados por elEjecutivo Federal y aprobados por el Senado dela República, en términos del artículo 133 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,que establecen el margen mínimo decalidad en los servicios médicos que proporcionael Estado a su población, de conformidad conlos artículos 12.1, y 12.2, inciso d), del Pacto Internacionalde Derechos Económicos, Socialesy Culturales; 10.1, y 10.2, inciso a), del ProtocoloAdicional a la Convención Americana sobreDerechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,Sociales y Culturales “Protocolo de SanSalvador”; 6o. de la Convención sobre los Derechosdel Niño; así como 4.1 de la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos, para asegurarla plena efectividad y alcance del más altonivel de salud para todos los individuos y el reconocimientodel derecho a que se respete la vidadesde la concepción, preceptos que ratifican lodispuesto por nuestra Ley Suprema en el artículo4o., párrafo tercero, en cuanto al reconocimientopor parte del Estado a las personas al disfrutede un servicio médico de calidad, debiendo adoptarpara ello las medidas necesarias para la plenaefectividad de ese derecho.Por lo expuesto, institucionalmente es procedenteque se le otorgue a los familiares del menorfallecido la indemnización correspondientecon motivo de la responsabilidad profesional einstitucional en que incurrieron los servidorespúblicos del ISSSTE, en términos de los artículos44, de la Ley de la Comisión Nacional de losDerechos Humanos; 1915, 1917 y 1927 del CódigoCivil Federal; así como 33 de la Ley Federalde Responsabilidades Administrativas de losServidores Públicos.Respecto de la posible responsabilidad penalen que incurrieron los servidores públicos involucradosen los hechos, será el agente del MinisterioPúblico de la Federación a cuyo cargo estála averiguación previa TEP/CH/4644/03, quiendetermine lo conducente, por ser la autoridadcompetente para investigar y perseguir los delitos,de acuerdo con lo establecido en los artículos21, y 102, apartado A, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos.202 Gaceta 162enero/2004