Gaceta N° 162 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Recomendacionesno se le podían devolver dichos bienes, en virtudde que éstos fueron sustraídos del lugar donde seresguardaban.Ante los hechos anteriores, y al haberse acreditadoviolaciones a los Derechos Humanos delquejoso por esta Comisión Nacional, se propusouna amigable conciliación, misma que se cumplióen forma parcial, por lo que el quejoso solicitóla reapertura del expediente.IV. OBSERVACIONESDel análisis lógico-jurídico de las constancias queintegran el expediente 2002/2933-2, esta ComisiónNacional llegó a la conclusión de que losservidores públicos de la Procuraduría Federalde Protección al Ambiente incurrieron en diversasomisiones en el ejercicio de sus funciones, alno custodiar y cuidar de manera adecuada losbienes que fueron embargados al quejoso y queestaban bajo su resguardo, con lo cual vulneraronlos Derechos Humanos del señor FernandoJavier Huicab González, específicamente el derechoa la legalidad y a la seguridad jurídica, queconsagran los artículos 14 y 16 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos,en atención a las siguientes consideraciones:El 16 de julio de 1996 los inspectores ElíasMelkin Macossal y Gregorio Piedra Castro, adscritosa la Delegación de la Procuraduría Federalde Protección al Ambiente, en el estado de Campeche,con motivo de una inspección que realizarona dos embarcaciones que estaban en posesiónde los señores Felícito Ayala Vázquez y VíctorEnrique Bass Solís, presumiblemente constatarondiversas omisiones a la Ley de Pesca y su Reglamento,por lo que procedieron a levantar elacta correspondiente y a asegurar, como medidaprecautoria, los bienes referidos, e iniciar los procedimientosadministrativos contenidos en losexpedientes RN/UJP/102/96 y RN/UJP/103/96respectivamente, mismos que se resolvieron el20 de abril y el 17 de mayo de 2001, en el sentidode levantar la medida precautoria y entregarlos bienes a su legítimo propietario.En consecuencia, el 2 de julio de 2001 el quejososolicitó la devolución de los bienes de mérito,previa acreditación de ser el legítimo propietariode los mismos; sin embargo, hasta el 8 de abrilde 2002, el químico José Hernández Chávez, delegadode la Procuraduría Federal de Protecciónal Ambiente en el Estado de Campeche, medianteel oficio OF.PFPA.E04.A05.245bis, informóal quejoso la imposibilidad de entregarle los bienesasegurados precautoriamente, en virtud de noencontrarse físicamente en su poder, ya que lasembarcaciones fueron robadas del lugar dondese resguardaban, y le notificó que se dejaban asalvo sus derechos, a fin de que promoviera loconducente en la vía judicial idónea para reclamarel pago de sus bienes, y mediante “ordenanza”judicial se asignara un presupuesto específicopara el efecto.Derivado de lo anterior, esta Comisión Nacional,el 26 de marzo de 2003, propuso a la ProcuraduríaFederal de Protección al Ambiente unaconciliación, la cual fue aceptada el 14 de abrilde 2003 mediante el oficio DG/DI/946/2003, suscritopor el maestro en ciencias Édgar del VillarAlveláis, entonces Director General de DenunciasAmbientales, Quejas y Participación Socialde la Procuraduría referida; sin embargo, sólo diocumplimiento al primer punto conciliatorio, yaque el segundo, consistente en el pago de la indemnizaciónal quejoso por sus embarcaciones,hasta la fecha no se ha efectuado, pues la autoridadargumenta que dicha dependencia no cuentacon una partida presupuestal para los efectos dela indemnización.Gaceta 162 183enero/2004