Derechos indígenas

Derechos políticos y sistemas normativos indígenas. Caso Oaxaca
norma en el contexto integral de las comunidades puede ser concebida
como obligación o como derecho, 8 para que entonces sea considerada
legítima; 2) que exista otra alternativa de solución, es decir, que sea
necesaria y proporcional, si se limita lo menos posible el derecho a ser
votado. No obstante, en el test de ponderación se aprecia que las razones
no son legítimas porque limitan desproporcionadamente el derecho
a ser votado de los adultos de 60 años, en relación con el derecho
a la autodeterminación y autonomía el pueblo indígena.
En ese tenor, las normas de San Martín Peras y Santiago Yaitepec
que establecen que el derecho al voto pasivo se ejerce hasta los 70 y
80 años, respectivamente, si bien amplían su ejercicio respecto al precedente
establecido en el caso Choápam, pasan por el mismo test de
ponderación y en consecuencia son inconstitucionales por considerarse
normas que restringen el derecho a ser votado.
Pertenencia. Avecindados. Son votados
con residencia de un año y medio,
dos, tres y 10 años
Las normas de residencia para que los avecindados puedan ser votados
en la elección de sus autoridades de un año y medio, de dos y
tres años son constitucionales; las de cinco y 10 años, inconstitucionales
de acuerdo con el precedente SUP-REC-835/2014, emitido por el
tepjf en el caso San Miguel Tlacotepec, Oaxaca.
En el caso San Miguel Tlacotepec, se señaló que el requisito de cinco
años de residencia para que la ciudadanía de las agencias pudiera ser
votada no atendía a una causa legítima referida como una restricción o
limitación sustentada en la necesidad de garantizar la pertenencia a la
comunidad, sino a la intención manifiesta de que los miembros de las
agencias municipales no participen en la elección. En consecuencia, el
requisito de los cinco años de residencia debía considerarse una restricción
sin amparo en el derecho de autodeterminación de las comunidades
indígenas, en la medida en que no constituye una reglamentación
8 Véase la sentencia SX-JDC-971/2012. Asimismo, la jurisprudencia 10/2014 al considerar la
maximización del derecho a la autodeterminación y los elementos que debe reunir la autoridad
electoral para observarlo.
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