Derechos indígenas

Capítulo 1. La función del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación...
Principio de proporcionalidad
y el test de ponderación 27
El principio de proporcionalidad se considera un parámetro de control
de constitucionalidad de la actuación de los poderes estatales. Es
una teoría de la interpretación de un texto o de decisión de una corte
constitucional, que trata sobre los límites de los derechos humanos,
considerando la relación lógica y coherente entre dos elementos; 28 “es
más bien un catalizador del proceso de reducción de tensiones entre
los contenidos axiológicos de los derechos fundamentales que colisionan
entre sí” (Pulido 2007, 515).
El principio de proporcionalidad es un método de control de las
medidas tomadas por los órganos del poder público respecto a la aplicación
y el ejercicio de los derechos humanos. 29 En el estudio de las
restricciones o limitantes para gozar de los derechos aparece el test
de ponderación, que será aquel método que decida si la norma es proporcional
a los valores y principios constitucionales o no, teniendo en
cuenta siempre el bloque de constitucionalidad aplicable. Tanto el principio
de proporcionalidad como la ponderación pueden confundirse, sin
embargo, solo están relacionados: el primero es un método de control
y el segundo es un método de decisión.
La ponderación trata de la relación proporcional entre restricción
del derecho y lo que se quiere conseguir, por ejemplo, que no sea invasiva
la limitación, es decir, que exista un equilibrio razonable entre
lo que se guarda y se pierde. El test de ponderación es un método de
27 Para profundizar en este tema, véanse Alexy (2007), Pulido (2007), Fernández (2008), Denniger
y Grimm (2007), entre otros.
28 Para Bernal Pulido el principio de proporcionalidad es:
una de las herramientas metodológicas más importantes del constitucionalismo que permite
superar la aplicación de métodos tradicionales, literalistas y estrechos en la interpretación
de la ley fundamental, apoyando la solidez de las conclusiones jurisdiccionales —y al menos
idealmente también la argumentación de otros operadores jurídicos: legislador, administración
pública y postulantes (Pulido 2007, 544).
29 Las restricciones legislativas de los derechos fundamentales, en el ejercicio de su control,
solo deben ser declaradas inconstitucionales si aparecen como desproporcionadas, si exceden
el marco constitucional de posibilidades o si limitan tales derechos innecesariamente, sin justificación
ni razón (Fernández 2008, 292).
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