Derechos indígenas

Derechos políticos y sistemas normativos indígenas. Caso Oaxaca
de constitucionalidad, pues lleva a cabo una interpretación conforme
al bloque de constitucionalidad y, si este se encuentra conformado
por el bloque de convencionalidad, en el mismo ejercicio el juez efectúa
el control difuso de convencionalidad.
En otras palabras, el control de constitucionalidad debe atender el
control de convencionalidad, esto es, que las normas constitucionales
sobre derechos humanos deben interpretarse también de conformidad
con los tratados internacionales y con la jurisprudencia convencional
(Bustillo 2013, 19). De acuerdo con las consideraciones expresadas en
la contradicción de tesis 293/2011, la nueva conformación del catálogo
de derechos humanos no puede ser estudiada en términos de jerarquía
ni tampoco para distinguir las normas en atención a la fuente de
la que provienen.
El control de convencionalidad implica no solo observar, confirmar
o inaplicar una norma de acuerdo con los “parámetros” o el
“estándar mínimo” del ius comunne (incluso las fuentes provenientes
del derecho internacional de los derechos humanos) (bloque de
constitucionalidad), sino que consiste en una serie de pasos que los
“controladores”, los jueces y otras autoridades deben realizar al enfrentarse
a resoluciones o toma de decisiones que involucren la protección
de los derechos humanos.
Todas las autoridades electorales estatales y federales tanto administrativas
como jurisdiccionales deben aplicar el control de
constitucionalidad-convencionalidad electoral, así como realizar
un control de la Constitución y de la Convención mediante una
interpretación conforme, y observar el bloque de constitucionalidad.
En el caso del tepjf, además del artículo 1 de la cpeum, en el
precepto 99 de la misma Carta Magna se establece su facultad para
efectuar el control constitucional a las normas que se consideren
inconstitucionales a los casos concretos.
El control constitucional y convencional electoral está regido por
los principios rectores cuyo objeto es hacer efectiva la aplicación y protección
de los derechos humanos: el principio pro persona, el principio
de progresividad, por una interpretación conforme a un parámetro de
control de la regularidad constitucional, que incluye las normas sobre
el ejercicio de los derechos político-electorales, y en la que se busca la
armonización de las normas estudiadas, y finalmente la inaplicación
de una norma considerada inconstitucional e inconvencional.
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