Derechos indígenas

Derechos políticos y sistemas normativos indígenas. Caso Oaxaca
cuyo objetivo principal es la tutela jurisdiccional efectiva. Se trata de
la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas
(Defensoría), encargada de prestar gratuitamente los servicios de
defensa y asesoría electorales a favor de los pueblos, las comunidades
indígenas y las personas que los integren.
Para crear este nuevo órgano, el tepjf hizo reformas a su reglamento
interno y emitió el Acuerdo General por el que se establecen
sus bases de organización y funcionamiento; ambos fueron publicados
en el Diario Oficial de la Federación (dof). La fundamentación legal
y de creación de la Defensoría quedó integrada en el artículo 205, párrafo
primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
(lopjf); en los artículos 5, párrafo primero, 8, 173, fracción V, 188 Bis,
188 Ter, 188 Quáter, 188 Quintus y 188 Sextus del Reglamento Interno
del tepjf; en los preceptos 69, 70, 71 y 72 del Acuerdo General de
Administración del tepjf; y en el Acuerdo General por el que se establecen
las bases de organización y funcionamiento de la Defensoría.
El fundamento constitucional se advierte en los artículos 1, 2, 14, 17
y 99, párrafo décimo, de la cpeum; y la base convencional se encuentra
en la cadh en sus artículos 2, 8 y 25; en el Convenio 169 de la oit,
en su precepto número 12, y en el artículo 40 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Son normas que en su conjunto integran las obligaciones para el
Estado mexicano como sujeto de derecho internacional, así como
para todas las autoridades del mismo en el ámbito de sus respectivas
competencias; por ejemplo, corresponde al tepjf generar un marco de
protección jurídica especial a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad,
considerando sus condiciones de desigualdad, y facilitándoles
el acceso efectivo a la tutela judicial efectiva.
En estas normas también se establece el reconocimiento de una serie
de garantías judiciales de carácter general y específicas para los
pueblos y las comunidades indígenas; por ejemplo, la debida protección
contra la violación de sus derechos, tener la posibilidad de iniciar
procedimientos legales personalmente o por medio de un representante,
y tomar medidas para garantizar que estén en condiciones de
comprender y comunicarse en procedimientos legales, facilitando todos
los medios eficaces.
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