proyecto arqueológico chocolá: informe no. 3 informe no. 3

En la ocupación e intervención de las propiedades rústicas alemanas, la
modalidad adoptada por la Intendencia General fue designar, como
depositarios interinos bajo su responsabilidad, a las personas que
habían ocupado antes el puesto de administrador en las propias fincas,
en su mayoría alemanes, considerados competentes y conocedores de
su trabajo. Con esto se aseguró el mantenimiento y buen estado de las
mismas. Por norma general, se facilitó el camino a quienes presentaban
una relación sucinta del estado de las fincas a la Intendencia y
aceptaban de buen grado lo estipulado por la ley y colaboraban par
sacar adelante las propiedades a su cuidado. Ahora bien, para sostener
y operar dichas fincas, la Superintendencia se vio obligada a pedir
autorización par solicitar créditos a fin de otorgar fondos a algunas fincas
que, a causa de las listas negras, habían tenido que sacrificar sus
cosechas a precios bajos y estaban pendientes del pago de créditos con
casas en Alemania.
Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Guatemala se alió a los Estados
Unidos y como consecuencia de esto, el Gobierno guatemalteco confiscó las
tierras de Chocolá, la cual empezó a ser administrada por el Estado como Finca
Nacional Chocolá y Anexos. En 1952, durante el Gobierno de Jacobo Árbenz
Guzmán, la finca se repartió a los trabajadores colonos. Cada beneficiario
obtuvo una fracción de 60 a 90 cuerdas. Aproximadamente dos años después,
con el Gobierno de Carlos Castillo Armas, las tierras regresaron a la
administración estatal. Surge entonces el Instituto Nacional de Transformación
Agraria (INTA), que se encarga de la administración, producción y operación de
la finca hasta 1981, cuando el gobernante Romeo Lucas, entrega la finca. En
Mayo de 1985, la finca se reparte de nuevo mediante el Acuerdo de
Adjudicación No. 7-81 del Consejo Nacional de Transformación Agraria regulado
por el Decreto 15-51 sus reformas, otorgando el Patrimonio Colectivo Agrario
Chocolá y Anexos, a unos 1670 campesinos, exadjudicatarios del mismo e
integrándose a la vez, la “Empresa Campesina Asociativa de la Comunidad
Chocolá.” Esta Empresa fue establecida por medio del sistema de Propiedad
Comunitaria en Función Social, en la que los miembros son copropietarios del
patrimonio, el cual es indivisible. El Gobierno optó por repartir la finca a los
trabajadores porque se creía que no podría pagarle a todos los colonos antiguos
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