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La guerra contra las mujeres
ellas necesitan construir se ven amenazados por el Proyecto de Ley 1057, de
2007. El argumento del derecho a la diferencia es esgrimido, entonces, mediante
la referencia a instrumentos internacionales de los Derechos Humanos
como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes y la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas de la ONU, para defender la no-intervención del Estado nacional.
En este caso, he propuesto «que cada pueblo trame los hilos de su historia»,
introduciendo el principio que defino como «pluralismo histórico», en lugar
del «relativismo cultural». Sugiero, entonces, que una perspectiva relativista
y pluralista referida a cada pueblo como proyecto histórico permite entender
que, si ocurre una devolución del debate jurídico a las comunidades, ellas
mismas podrán deliberar y ejecutar los tránsitos y transformaciones que sean
necesarios para su bienestar, como, en este caso, la eliminación de la práctica
de infanticidio (Segato, 2009b).
La lucha por elevar el feminicidio a la categoría jurídica de genocidio de
mujeres
Llegamos, así, al tema del feminicidio y los debates feministas y jurídicos con
relación a este término. Es precisamente en las resistencias del derecho a incorporarlo
y darle judiciabilidad donde puede percibirse, con claridad meridiana,
el límite patriarcal de la visión de la Justicia dominante entre los juristas.
Esto condice con el papel primitivo, fundacional y permanente de la
atmósfera patriarcal, como pedagogía primera, en la manutención y reproducción
de todas las otras formas de poder y sujeción —la racial, la imperial,
la de la colonialidad, la regional y la económica. Es sobre la base patriarcal
que se construye el andamiaje jerárquico que organiza la sociedad, y por eso
mismo ese sustrato es el más difícil de visibilizar y encuadrar en cualquier
lucha —incluyendo la que se da en el campo jurídico— para su transformación.
Es posible afirmar, a partir de las evidencias, que la manutención del
patriarcado es una cuestión de Estado y, de la misma forma, que preservar la
capacidad letal de los hombres y garantizar que la violencia que cometen permanezca
impune es cuestión de Estado.
Esta percepción del límite infranqueable colocado por el patriarcado emerge
incontestable cuando prestamos atención, por ejemplo, a los argumentos
conclusivos de la reseña general elaborada por Patsilí Toledo Vásquez para
la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. El informe aborda el estado del arte de la incorporación
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