Cuba

1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
La Administración Económica y Comercial de Cuba está controlada por el Estado, que es el
principal propietario de los medios de producción y es quien se responsabiliza de decidir: qué
producir, a qué precio, las rentas del trabajo y los subsidios percibidos por la población, lo que
determina la capacidad de consumir de los hogares. Las familias son destinatarias de unos
Subsidios por Diferencia de Precios, que se han reducido durante los últimos años, cuyo objetivo
es abaratar y garantizar el consumo de ciertos bienes y servicios esenciales.
En consecuencia, el Gobierno y los órganos de dirección del Partido Comunista Cubano son
quienes diseñan la política económica, si bien, como en toda economía de planificación central,
los órganos colegiados refrendan —en la práctica— las decisiones del Presidente del Gobierno.
Durante un tiempo se reforzó mucho la posición del Banco Central, con atribuciones relacionadas
no solo con las finanzas sino también con la política económica del país. Desde la llegada al
poder de Raúl Castro, el Ministerio de Economía y Planificación recuperó su papel como principal
rector de la actividad económica y, sobre todo, como responsable de la distribución de divisas a
los diferentes sectores de la economía cubana.
La cubana es una economía dirigida en la que las empresas estatales dependen del presupuesto
y de las decisiones de las autoridades. El papel de los agentes económicos es muy distinto del
que sus homónimos cumplen en una economía de mercado. Se trata de una estructura muy
jerarquizada y disciplinada en la que todos cumplen las normas establecidas y las directrices
(«orientaciones») que las inspiran. En los últimos años se ha permitido la aparición de
cooperativas no estatales y también de trabajadores por cuenta propia que operan con otras
premisas aunque tienen muchas limitaciones en cuanto a su operatividad.
La política económica vigente no cambia el modelo, sino que propone «actualizarlo» de forma
gradual y programada, para resolver los problemas socio-económicos existentes. La planificación
central continúa como instrumento primordial de dirección económica, aunque con
transformaciones y teniendo en cuenta el mercado y la gestión privada. No obstante, ambos
mecanismos quedan bajo la influencia del plan y están sujetos a controles financieros y
administrativos así como a estricta regulación.
La empresa estatal predomina y se ratifican las formas de gestión privada preexistentes y las
introducidas por las reformas de Raúl Castro. La gestión de las empresas estatales deberá ser
más descentralizada y realizarse mediante el autofinanciamiento y sin subsidios fiscales y, en el
caso que dichas empresas o las cooperativas agrarias tengan pérdidas, podrán ser cerradas o
transferidas a la gestión privada. Además, con los recursos generados, las empresas podrán
crear fondos para realizar nuevas inversiones o subidas de salarios, a la vez que gozarán de una
mayor flexibilidad en la fijación de precios. Se contempla la creación de mercados mayoristas
que venden insumos (parece que ya avanza este tema con nuevas regulaciones aprobadas en
2016) y prestan servicios al sector privado. Se recapitalizarán las empresas que tengan
condiciones para responder a ese estímulo con incrementos de producción y como parte de un
proceso de ordenamiento empresarial. Se aprobarán, también, nuevas formas cooperativas fuera
del sector agrícola.
La administración comercial exterior y de inversión extranjera la dirige el Ministerio de Comercio
Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX). Durante los años 90 la descentralización del comercio
exterior y el peso del Banco Central en el manejo de las finanzas externas debilitaron el poder
del MINCEX para, posteriormente, volver a recuperar su papel y mantener el control de aspectos
fundamentales del comercio exterior mediante la regulación de importaciones y exportaciones y
siendo responsable del establecimiento de sucursales comerciales de empresas extranjeras. Del
MINCEX también dependen importantes empresas intermediarias importadoras como Alimport,
Consumimport, Maprinter, Maquimport, etc. En 2013 creó un grupo empresarial, GECOMEX, que
las agrupa a todas ellas.
En la década de los 90, casi 500 empresas estatales cubanas llegaron a tener licencia de
importación (se les concede para una lista de productos concretos, su nomenclador). Desde
comienzos de la década del 2000 se revisaron estas autorizaciones en lo que se consideró una
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