PotestadO

POTESTAD ORGANIZATORIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ORDENACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO...
La normativa reseñada marca la división entre aquellas materias en las
que la negociación deviene obligatoria, sustrayéndolas el legislador del poder
unilateral de la Administración (y cuya virtualidad impide que ésta pueda desconocer
o alterar esa obligación con posterioridad en el ejercicio de sus potestades
bajo la sanción de nulidad al vulnerar aquellas normas y con ella el
derecho de libertad sindical), y aquellas que quedan fuera de la autonomía
colectiva. Sin embargo esta distinción es problemática y, como reconoce la
STSJ Asturias 759/2001, de 24 de septiembre, «no delimita claramente sus
componentes cuando se trata de decisiones que afectan a las potestades de
organización de la Administración que puedan tener repercusión sobre las
condiciones de trabajo de los empleados públicos». En este sentido, el Tribunal
Supremo ha puesto de manifiesto en su Sentencia de 22 de octubre de
1993 que «las características de pormenorización, rigidez y uniformidad inherentes
al régimen estatuario emanado de la legislación básica del Estado y,
en su caso, de los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas, no
permiten que por analogía con el sistema de relaciones laborales, tal bloque
legislativo sea identificable como plataforma de mínimos, sobre la que se pueda
pivotar una constelación de unidades negociables pactando cada una a su
libre albedrío, bajo el lema de que lo que no está prohibido por la Ley debe
presumirse que esta permitido y puede ser objeto de regulación con arreglo
al buen criterio de la Mesa de Negociación» (47). Con todo, debe recordarse
que la obligación impuesta a la Administración en virtud del artículo 37 EBEP
es, pura y simplemente, una obligación a negociar, sin que necesariamente
deba llegar ésta a un acuerdo con las organizaciones sindicales en lo que
afecta a las consecuencias de sus decisiones organizacionales en el conjunto
de las condiciones de trabajo de los servidores públicos (48).
Por lo que se refiere a las garantías de los representantes unitarios de
los empleados públicos (los delegados de personal y miembros de las Juntas
(47) El Tribunal Supremo enfatiza en esta doctrina el carácter estatutario de la relación funcionarial.
No se puede olvidar que, aunque se haya introducido paulatinamente la negociación
colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos en el sistema español de función
pública, la vinculación del funcionario público con la Administración pública seguirá conformándose
legalmente, puesto que el fundamento del régimen extralaboral de la función pública sigue
estando plenamente vigente; este fundamento reside en la propia la finalidad pública que constitucionalmente
corresponde a las Administraciones Públicas: el servicio objetivo al interés general (art.
103.1 CE).
(48) Así lo indica lo dispuesto en el artículo 38.7 EBEP: «en el supuesto de que no se produzca
acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista en el último párrafo del apartado
3 del presente artículo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial
de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer
las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los apartados
11, 12 y 13 del presente artículo».
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