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POTESTAD ORGANIZATORIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ORDENACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO...
concurre, en tanto aquel derecho al cargo es intocable por parte del órgano
administrativo, el que se refiere a ocupar el puesto de trabajo afecta a la
facultad organizativa que corresponde a dichos órganos y, por lo que ahora
interesa, distribuir a cada Servicio, Sección o Negociado, los menesteres de
los que corresponden a cada Ministerio, en función de lo que se considere
como mejor para el servicio público y sus propias exigencias (…)». Y ante un
supuesto de redistribución de Jefaturas de Sección que implicaba el cese en
una de las y la adscripción a otra, continúa diciendo la antedicha Sentencia
que «(…) no se vislumbra obstáculo legal alguno para que llevara a cabo la
redistribución de las jefaturas correspondientes y la adscripción a sus puestos
de trabajo de los servidores de aquellas, siempre —naturalmente— que el
genuino derecho al cargo para el que, en su día, fue nombrado el recurrente
no se altere en cuanto le es propio, que no es otra cosa que el grado jerárquico
que le corresponde y las funciones inherentes a su caracterización de
jefatura» (STSJ Canarias 1096/2006, de 28 de noviembre) (59).
Una vez realizada una visión general de la cuestión, centrémonos en el
objeto del presente estudio, la incidencia de la potestad de ordenación (creación,
modificación y supresión) de los puestos de trabajo como manifestación
de la potestad organizatoria.
Ya hemos presentado la tesis del profesor MARTÍNEZ DE PISÓN sobre el derecho
al cargo como límite a la potestad organizatoria de las Administraciones
Públicas en el sentido de que la Administración pública queda limitada en
cuanto al ejercicio de su potestad de organización interna a los cauces señalados
por el legislador.
Pues bien, la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública prevé
expresamente la remoción de un funcionario de su puesto de trabajo debido
a la alteración en el contenido del puesto de trabajo. En concreto, el artículo
22.1.e) LMRFP dispone que «los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo
por el procedimiento de concurso, podrán ser removidos por causas
sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto de trabajo,
realizada a través de las relaciones de puestos de trabajo, que modifique
los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de
(59) Así, la STSJ Murcia 171/1999, de 10 de marzo, indica expresamente que «no cabe
mantener (…) que el acto recurrido haya limitado los derechos funcionariales del actor (derecho a
la estabilidad funcionarial), ya que según el citado artículo 52.1 de la Ley de la Función Pública
Regional de Marcial 3/1986, este derecho está referido a la permanencia en la condición de funcionario,
y no a la ocupación permanente de un determinado puesto de trabajo (…). En consecuencia,
la Administración regional en virtud de la potestad autoorganizativa que tiene atribuida para
organizar sus propios servicios públicos, puede discrecionalmente cuando las razones del servicio
lo aconsejen acordar el cese de los funcionarios que ocupan puestos provisionalmente y ordenar su
reincorporación al que tienen reservado (por haberlo adquirido con carácter definitivo).
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