PotestadO

JOSÉ MARÍA RECIO SÁEZ DE GUINOA
de Personal), nos remitimos a lo señalado sobre las de los delegados sindicales
en tanto que el artículo 10.3 LOLS equipara el régimen tutelar de la acción
representativa de unos y de otros.
c) El derecho de huelga de los funcionarios públicos: el establecimiento
de los servicios mínimos
El derecho de huelga de los empleados públicos (art. 15.c) EBEP) no
puede considerarse en puridad como un límite al ejercicio de la potestad organizatoria
de las Administraciones Públicas en el ámbito de la ordenación de
los recursos humanos.
No obstante, el establecimiento de los servicios mínimos en el supuesto
de convocatoria de huelga por los trabajadores de las Administraciones Públicas
entra dentro de las facultades administrativas de autoorganización, cuya
determinación se encuentra limitada por la garantía constitucional del mencionado
derecho (art. 28.2 y 53.1 y 2 CE).
El respeto a los servicios mínimos son definidos por el artículo 10.2º
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo,
como «cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable
necesidad».
Salvada la constitucionalidad del precepto por la STC 11/1981, debe
hacerse, siguiendo a BLASCO ESTEVE, unas someras consideraciones acerca de
su alcance. Se trata de un concepto jurídico indeterminado y fundado en gran
parte sobre juicios valorativos (49); el Tribunal Constitucional opera con una
concepción finalista del concepto, en función del resultado que persigue el
servicio, de tal manera que sólo son esenciales los que aparecen ordenados
de modo directo a la satisfacción de derechos fundamentales o bienes constitucionalmente
protegidos (SsTC 26/1981 y 51/1986); el mantenimiento del
servicio no equivale a pleno funcionamiento, sino a garantizar la cobertura
mínima (STC 53/1986, de 5 de mayo), y en orden a determinar a quien compete
adoptar las medidas necesarias para tal mantenimiento, el Tribunal
rechaza la tesis de la autorregulación o autodisciplina sindical y entiende que
la competencia para la determinación de los servicios mínimos radica en la
autoridad gubernativa (STC 26/1981, 33/1981, 11/1984, de 11 de abril
y 27/1987). La válida adopción de tales medidas exigirá dos requisitos: su
motivación (STS de 19 de enero de 1995 y de 12 de septiembre de 1989)
(49) Avelino BLASCO ESTEVE: «La huelga de los funcionarios públicos», en Estudios sobre la
Constitución Española, en homenaje al profesor García de Enterría, tomo III, Ed. Civitas, Madrid,
1991, pp. 2637 y ss. reseñado por Rafael MANZANA LAGUARDA: Derechos y deberes del funcionario
público, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, p. 415.
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