PotestadO

JOSÉ MARÍA RECIO SÁEZ DE GUINOA
función pública, como de definir las características esenciales de los puestos
de trabajo a desempeñar por personal que ya es funcionario», señaló que
«de acuerdo con una dilatada jurisprudencia, el derecho a acceder a la función
pública en condiciones de igualdad prohíbe el establecimiento de requisitos
que no sean compatibles con el artículo 14 CE (en el mismo sentido, STC
10/1989). De conformidad con la doctrina sentada por la Sentencia 50/1986,
«se infringe el principio de igualdad, en síntesis, si la diferencia de trato carece
de una justificación objetiva razonable a la luz de las condiciones de mérito
y capacidad, dicho en otros términos, cuando el elemento diferenciador sea
arbitrario o carezca de fundamento racional. Además, para que la diferenciación
resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que
con ella se persigue —aquí, en función del mérito y capacidad— sino que es
indispensable también que las consecuencias jurídicas que resulten de tal distinción
sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin (SsTC 76/1996 y
61/1997). A ello se suma que, tanto el legislador, a la hora de determinar
el mérito y capacidad, como las convocatorias de concursos y oposiciones
deben hacerse en términos generales y abstractos (SsTC 50/1986 y 27/1991).
No obstante, la aplicación concreta de esta doctrina constitucional difiere
según cuál sea el pronunciamiento judicial del caso. Así, por ejemplo, la STSJ
de Aragón 66/2001, de 24 de enero, amparó la exigencia de la titulación de
Licenciado en Ciencias Biológicas, Licenciado en Ciencias Químicas o Ingeniero
Industrial para el acceso al puesto de Jefe de Servicio de Protección Ambiental,
conteniendo la indicación «Ex-11» (Excluidos los sectores de Docencia, Investigación,
Sanidad, Servicios Postales y telegráficos, Instituciones Penitenciarias y
Transportes Aéreos y Meteorología), en base a que de las funciones atribuidas
al puesto se desprende sin dificultad que las titulaciones exigidas son idóneas
o adecuadas para el puesto de trabajo por su contenido funcional (no se prejuzga
con dicha afirmación la procedencia de otras) y que la no inclusión de
los titulados en Veterinaria (cuyo Colegio Oficial había impugnado la relación
de puestos) responde simplemente al hecho de que no es la titulación adecuada
a las tareas a realizar, siéndolo por el contrario las exigidas (61). Por el contrario,
la Sentencia del mismo Tribunal 686/2001, de 15 de septiembre, en
(61) Por su parte, el Tribunal Supremo declaró en su Sentencia de 13 de octubre de 1999
conforme a Derecho el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 12 de mayo de
1994, relativo a al inidoneidad de los ingenieros técnicos agrícolas para formas parte del jurado
provincial encargado de la valoración de las fincas rústicas expropiadas. El Alto Tribunal, recordando
la doctrina constitucional en base a la cual el principio de igualdad no proscribe las diferencias
de regulación que puede realizar el legislador entre unos y otros cuerpo o funciones en
razón de criterios de tipo objetivo, declara, junto con la STC 293/1993, que «las administraciones
públicas disfrutan de un amplio margen de actuación a la hora de consolidar, modificar o completar
sus estructuras y de configurar o concretar organizativmaente el «status» del personal a su
servicio (STC 57/1990). La discriminación entre estas estructuras, que son creación del derecho y
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