PotestadO

JOSÉ MARÍA RECIO SÁEZ DE GUINOA
cipios generales no consiste (…) en que el juez sustituya el criterio de la Administración
por su propio subjetivo criterio. Si así fuese, todo se reduciría a sustituir
una discrecionalidad (la administrativa) por otra (la judicial) sin avanzar
un solo paso en el problema. De lo que se trata realmente es de penetrar en
la decisión en la decisión enjuiciada hasta encontrar una explicación objetiva
en que se exprese un principio general» (92).
Uno de los principios generales del Derecho más utilizados en el control
de la discrecionalidad administrativa es el de igualdad (art. 14 CE). Ya nos
hemos referido a él en múltiples ocasiones durante todo el presente estudio.
Sólo resta recordar que el Tribunal Constitucional ha fijado, en aplicación de
este principio, los criterios de la identidad de supuestos y de la razonabilidad
y objetividad de la diferencia, para diferenciar una distinción legítima constitucionalmente
de una discriminación reprochable y anulatoria (93, 94).
No obstante, el principal medio de control jurisdiccional de la discrecionalidad
administrativa de la potestad organizatoria es el principio de la interdicción
de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), en virtud del cual se debe declarar
la ilegalidad de toda actuación administrativa que se base en el puro arbitrio
de la autoridad que la dicta (95). La actividad administrativa, en cuanto basada
en una potestad, debe ser siempre racional, coherente y orientada exclusiva-
(92) Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ: Curso…, op. cit., p. 443.
(93) SsTC 8/1981, de 30 de marzo; 10/1981, de 6 de abril; 22/1981, de 2 de julio;
23/1981, de 10 de julio; 49/1982, de 14 de julio; 81/1982, de 21 de diciembre; 34/1984,
de 9 de marzo; 166/1986, de 19 de diciembre; 114/1987, de 6 de julio; 116/1987, de 7 de
julio; 123/1987, de 15 de julio; 128/1987, de 16 de julio; y 209/1988, de 10 de noviembre.
(94) Tal como explica la STSJ Cataluña 381/2006, de 20 de abril, «la igualdad no significa
identidad y vulneraría precisamente el principio de igualdad tratar igualmente supuestos que son
distintos. lo que prohíbe el principio de igualdad jurídica es la discriminación, como declara expresamente
el artículo 14 de la Constitución, es decir, que la desigualdad de tratamiento legal sea
injustificada por no ser razonable. Desigualdad significa, en consecuencia, discriminación no razonable.
Y jamás puede vulnerarse el principio de igualdad cuando se trata desigualmente circunstancias,
supuestos o situaciones distintas, siempre que as diferencias que se establezcan tengan una
causa objetiva y razonable que se aplique de modo igual a todo los que se encuentran en la misma
situación. La igualdad ante la Ley consiste en que cuando los supuestos de hecho sean iguales, las
consecuencias jurídicas que se extraigan de tale supuestos de hecho han de ser, asimismo, iguales.
Y que deben considerarse iguales los supuestos de hecho cuando al introducción en uno de ellos
de un elemento o factor que permita diferenciarlo del otro, haya de considerarse falta de un fundamento
racional y —sea por ende arbitraria— por no ser tal factor diferencial necesario para la protección
de bienes y derechos, buscada por el legislador. De esta suerte, dos situaciones consideradas
como supuestos de hecho normativos son iguales si el elemento diferenciado debe considerarse
carente de la suficiente relevancia y fundamento racional. Sólo acreditándose una semejanza sustancial
por quienes están sometidos a un mismo régimen jurídico podría entenderse que el trato diferencial
carente de una justificación objetiva y razonable sería discriminatorio (STC 260/1988)».
(95) Luis COSCULLUELA MONTANER: Manual …, op. cit., p. 324.
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