PotestadO

POTESTAD ORGANIZATORIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ORDENACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO...
mente a la satisfacción de un interés público. Cuando ello ocurre, la actuación
se califica de arbitraria y contraria, por tanto, al ordenamiento jurídico.
La interdicción de la arbitrariedad permite establecer los límites intrínsecos de
la discrecionalidad, ya que la acción discrecional no puede obedecer al puro
capricho de la Administración, sino que debe guardar racionalidad y adecuación
de medios a fines de que se ha hecho mención (SsTS de 28 de mayo
de 1980 y 15 de octubre de 1981) (96).
El control de la interdicción de la arbitrariedad se articula a través de la
motivación de la decisión administrativa —organizatoria—, en base a la cual
se valora la justificación técnica de ésta. No en vano, la doctrina ha señalado
a la motivación como el elemento central del acto administrativo «que marca
la diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario» (97), ya que se trata de un
medio para garantizar el control judicial de la actividad administrativa de carácter
discrecional. En este sentido, el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LPC, en adelante) dispone expresamente en su
párrafo primero, que «serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos
de derecho: (..) f) los (actos) que se dicten en el ejercicio de potestades
discrecionales (…)». El Tribunal Supremo ha enfatizado reiteradamente
la necesidad de motivar los actos administrativos de naturaleza discrecional:
así, en su Sentencia de 1 de junio de 1999, señala que «la decisión discrecional
exige, como inseparable de ella, la motivación, que es la que garantiza
que se ha actuado racionalmente, y no arbitrariamente y la que permite
un adecuado control de los actos discrecionales, exigiéndose así una motivación
«suficiente» que, al menos, exprese apoyo en razones que permitan conocer
cuáles han sido los criterios esenciales fundamentales de la decisión (STC
14/1991), fórmula un tanto vaga, si se quiere, pero que tiene la ventaja de
poder medirse caso por caso si se cumple o no con la «suficiencia» (STC
100/1987)». En la misma línea, es paradigmática la doctrina referida en la
STSJ Cantabria de 25 de octubre de 2002: «A este respecto, resulta conveniente
recordar que las potestades discrecionales son aquéllas en las que la
Ley define alguna de las condiciones de ejercicio de dicha potestad, remitiendo
a la estimación subjetiva de la Administración el resto de dichas condiciones,
bien en cuanto a la integración última del supuesto de hecho, bien en cuanto
al contenido concreto, dentro de los límite legales, de la decisión. Es por ello
que la doctrina había venido poniendo de relieve como si la motivación tenía
(96) Luis COSCULLUELA MONTANER: Manual …, op. cit., p. 324.
(97) Jesús GONZÁLEZ PÉREZ y Francisco GONZÁLEZ NAVARRO: Comentarios a la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Tomo I, 3ª ed., Ed.
Thomson-Civitas, Madrid, 2002, p. 1590.
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