PotestadO

JOSÉ MARÍA RECIO SÁEZ DE GUINOA
525/2005, de 25 de noviembre, «la preservación de este margen de discrecionalidad
técnica atribuido por el legislador a la Administración (…) para el
ejercicio de la potestad de ordenación del personal es perfectamente compatible
con el control de la legalidad de la decisión clasificadora o de valoración
atinente a un determinado puesto de trabajo respecto de, al menos, los
siguientes extremos: a) La correcta actuación de los elementos jurídicamente
reglados en el proceso de clasificación y valoración de los puestos de trabajo,
así como en las determinación de la Relación de Puestos de trabajo (…)».
Entre tales elementos reglados, exentos de cualquier margen de valoración
apreciativa por parte de la Administración, se encuentran los siguientes:
a) Competencia
La competencia es uno de los elementos reglados que escapan a la virtualidad
valorativa de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su potestad
de ordenación de los puestos de trabajo. En términos generales, la competencia
de aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo corresponde
bien al Consejo de Gobierno, bien a uno o varios Consejeros, bien a un
órgano técnico (84). En muchas ocasiones, la competencia originaria del Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma es delegada en órganos inferiores
(85). En la Administración General del Estado, la aprobación corresponde
a la Comisión Interministerial de Retribuciones (86).
b) Procedimiento
En cuanto a elemento procedimental, la normativa vigente en esta materia
de las diferentes Comunidades Autónomas suele prever como trámites fundamentales
del procedimiento de elaboración, aprobación y modificación de
las Relaciones de Puestos de Trabajo la iniciativa por el Departamento y Organismo
interesado, el informe de los órganos presupuestarios y consultivos así
como la consulta a la representación del personal (87).
(84) En la Comunidad Autónoma de Aragón, la competencia corresponde conjuntamente a
los Consejeros competentes en materia de organización administrativa y hacienda (Disposición Adicional
Primera Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón).
(85) Es el caso de la Comunidad de Madrid (a favor del Consejero competente) o el de Cataluña
(a favor de la Comisión Técnica de la Función Pública).
(86) Real Decreto 469/1987, de 3 de abril, por el que se articulan las competencias conjuntas
atribuidas al Ministerio para las Administraciones Públicas y al Ministerio de Economía y
Hacienda en la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1987.
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