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JOSÉ MARÍA RECIO SÁEZ DE GUINOA de Personal), nos remitimos a lo señalado sobre las de los delegados sindicales en tanto que el artículo 10.3 LOLS equipara el régimen tutelar de la acción representativa de unos y de otros. c) El derecho de huelga de los funcionarios públicos: el establecimiento de los servicios mínimos El derecho de huelga de los empleados públicos (art. 15.c) EBEP) no puede considerarse en puridad como un límite al ejercicio de la potestad organizatoria de las Administraciones Públicas en el ámbito de la ordenación de los recursos humanos. No obstante, el establecimiento de los servicios mínimos en el supuesto de convocatoria de huelga por los trabajadores de las Administraciones Públicas entra dentro de las facultades administrativas de autoorganización, cuya determinación se encuentra limitada por la garantía constitucional del mencionado derecho (art. 28.2 y 53.1 y 2 CE). El respeto a los servicios mínimos son definidos por el artículo 10.2º del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, como «cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad». Salvada la constitucionalidad del precepto por la STC 11/1981, debe hacerse, siguiendo a BLASCO ESTEVE, unas someras consideraciones acerca de su alcance. Se trata de un concepto jurídico indeterminado y fundado en gran parte sobre juicios valorativos (49); el Tribunal Constitucional opera con una concepción finalista del concepto, en función del resultado que persigue el servicio, de tal manera que sólo son esenciales los que aparecen ordenados de modo directo a la satisfacción de derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos (SsTC 26/1981 y 51/1986); el mantenimiento del servicio no equivale a pleno funcionamiento, sino a garantizar la cobertura mínima (STC 53/1986, de 5 de mayo), y en orden a determinar a quien compete adoptar las medidas necesarias para tal mantenimiento, el Tribunal rechaza la tesis de la autorregulación o autodisciplina sindical y entiende que la competencia para la determinación de los servicios mínimos radica en la autoridad gubernativa (STC 26/1981, 33/1981, 11/1984, de 11 de abril y 27/1987). La válida adopción de tales medidas exigirá dos requisitos: su motivación (STS de 19 de enero de 1995 y de 12 de septiembre de 1989) (49) Avelino BLASCO ESTEVE: «La huelga de los funcionarios públicos», en Estudios sobre la Constitución Española, en homenaje al profesor García de Enterría, tomo III, Ed. Civitas, Madrid, 1991, pp. 2637 y ss. reseñado por Rafael MANZANA LAGUARDA: Derechos y deberes del funcionario público, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, p. 415. 290
POTESTAD ORGANIZATORIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ORDENACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO... y la comunicación a los representantes de los funcionarios antes de su efectiva aplicación (50). B) Derechos estatutarios y potestad organizatoria La Constitución española ha positivado de modo expreso a la relación de servicios profesionales de los funcionarios públicos como una relación estatutaria. En efecto, el artículo 103.3 formula la reserva de ley a favor del «estatuto de los funcionarios públicos» y el 149.1.18ª atribuye al Estado la competencia para legislar las «bases del régimen estatutario de sus funcionarios públicos». Por su parte, el Tribunal Constitucional ha incluido en este «estatuto funcionarial» un contenido irreductible para el legislador ordinario que comprende, entre otros extremos, ciertos derechos funcionariales. En concreto, debido a su carácter estatutario, el ejercicio de tales derechos está sometido a los siguientes condicionantes (51): a. por una parte, tal ejercicio está regulado por reglas generales, ya sea por leyes o por reglamentos, y jamás por un contrato entre la Administración y el funcionario. En consecuencia, en el nombramiento no hay acuerdo sino un acto unilateral de aquélla. b. tales derechos son los mismos para cada una de las personas integradas ya en el mismo Grupo, Cuerpo, Escala, nivel o categoría. No existe posibilidad de establecimiento de una relación especial individual, pues ésta sería ilegal. c. En general, el estatuto es sólo y siempre modificable por el legislador y, en consecuencia, el funcionario carece de derechos adquiridos sobre el mantenimiento o alteración de la relación estatutaria. A su vez, el estatuto es irrenunciable y cualquier acto personal unilateral en este sentido carece de validez jurídica. Incluso, las autoridades administrativas carecen de la disponibilidad competencial para alterar la relación estatutaria a favor o en perjuicio de un funcionario. d. La regulación normativa es propia del Derecho Administrativo y el orden jurisdiccional para la solución de los conflictos de la relación estatuaria, salvo alguna excepción —el social para la impugnación de los pactos y acuerdos—, es el contencioso-administrativo. (50) Rafael MANZANA LAGUARDA: Derechos y deberes …, op. cit., p. 416. (51) Antonio MARTÍNEZ MARÍN: Régimen jurídico de los funcionarios, 2ª ed., Ed. Tecnos, Madrid, 2001, p. 70. 291
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