PotestadO

JOSÉ MARÍA RECIO SÁEZ DE GUINOA
cuales fijar la estructura orgánica de nivel inferior de su departamento —no
así los Consejeros autonómicos— (8, 9)) se ha calificado como una facultad
reglamentaria independiente, es decir, atribuida constitucionalmente sin la necesidad
de una previa habilitación legal. Lo cierto es que esta concepción de
la autodisposición reglamentaria en materia organizativa debe ser matizada,
por cuanto la Ley, aunque en términos muy generales, viene a determinar los
perfiles entre los que el ejercicio de esta potestad debe discurrir. En el plano
estructural (10), tanto la LOFAGE como la LACAr contemplan fórmulas organizativas
muy concretas sin perjuicio de presentarse con la suficiente flexibilidad
como para ser moldeables por el Ejecutivo en base a las necesidades
organizatorias concurrentes.
Por otra parte, las potestades administrativas —y la organizatoria, como
es obvio, no es una excepción— están caracterizadas por la «posibilidad abstracta
de producir efectos jurídicos» (11), por la «sujeción» provocada sobre sus
destinatarios. Siguiendo a los profesores GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón
FERNÁNDEZ, «a la potestad no corresponde ningún deber, positivo o negativo,
sino una simple sujeción o sometimiento de otros sujetos (…) a soportar sobre
su esfera jurídica los eventuales efectos derivados del ejercicio de la potestad».
(8) En la Administración General del Estado, tal y como recuerda el profesor SANTAMARÍA PAS-
TOR, la LOFAGE distribuye la titularidad de la potestad organizatoria entre el Presidente del Gobierno
(al que corresponde la determinación del número, la denominación el ámbito de competencia respectivo
de los Ministerios y las Secretarías de Estado, mediante Real Decreto —art. 8.2 LOFAGE—), el
Consejo de Ministros (al que se le atribuye la posibilidad de crear, modificar y suprimir las Subsecretarías,
Secretarías Generales, Secretarías Generales Técnicas, Dirección Generales, Subdirecciones
Generales y órganos similares, mediante Real Decreto, a iniciativa del Ministro interesado y a
propuesta del Ministro de Administraciones Públicas), a cada Ministro (la creación, modificación y
supresión de los órganos de nivel inferior a Subdirección General, previa aprobación del Ministro
de Administraciones Públicas y mediante Orden ministerial —art. 10.2 LOFAGE—) y finalmente y
de forma conjunta, al Ministro de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda (la creación,
modificación y supresión de las unidades que no tengan la consideración de órganos, a través
de las relaciones de puestos de trabajo (art. 10.3 LOFAGE).
(9) En la Comunidad Autónoma de Aragón, la LACAr reparte de forma análoga a la legislación
estatal la titularidad de la potestad organizativa: al Presidente de la Comunidad Autónoma le
corresponde determinar el número y funciones de los Departamentos del Gobierno de Aragón, así
como la estructura orgánica de la Presidencia (art. 12.11 del Texto Refundido de la Ley del Presidente
y del Gobierno de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, del
Gobierno de Aragón —LPyGAr, en adelante—); al Gobierno de Aragón, aprobar la estructura orgánica
de los Departamentos del Gobierno de Aragón (art. 16.14 LPyGAr) a iniciativa del Departamento
interesado y a propuesta de los Consejeros que estén al frente de los Departamentos competentes
en las materias de organización administrativa y de hacienda (art. 15.2 LACAr). A diferencia
de la distribución estatal, las competencias organizatorias de los Consejeros se reducen a las de
mera propuesta.
(10) El plano de las relaciones de puestos de trabajo será analizado más adelante.
(11) Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ: Curso…, op. cit., p. 443.
270