Edicion 20190708

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Al Día
Página SIETE Lu n e s 8 de julio de 2019
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Denunció persecución e incumplimiento de deberes
Inspector: El cierre de comisión
afectará en auditoría de la OACI
l DENUNCIA El subjefe regional de la DAGC, en Beni, Nelson Carpio,
acusó al director nacional, Celier Arispe, de fabricar casos en su contra.
Carlos Quisbert / La Paz
El subjefe regional de la DGAC, en Beni, Nelson Carpio.
Procesos de Arispe
uDirector • De acuerdo al
registro del Tribunal de Justicia
de La Paz, el director de la
DGAC, Celier Arispe, tiene 18
procesos penales y civiles
abiertos en su contra.
u PIE • Otro informe emitido
por el Ministerio de Obras
Públicas reveló que se presentaron
15 denuncias de corrupción
en la DGAC desde que Arispe
asumió el cargo, en abril del
año 2018.
El Inspector de operaciones
y jefe subregional de
la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC), en
Beni, Nelson Carpio, denunció
que el cierre de la Comisión de
Faltas y Sanciones de esa entidad
afectará a Bolivia en una auditoría
de seguridad aérea que
realizará en octubre la OACI de
Naciones Unidas.
La encargada de esa evaluación
a la DGAC será la Organización
de Aeronáutica Civil Internacional
(OACI), a través de su
Programa universal de auditoría
de la vigilancia de la seguridad
operacional aérea (Usoap, por su
sigla en inglés).
“La DGAC, en camino a la auditoría
de la Usoap a cargo de la
OACI, va directa a ser mal calificada.
Muestra fehaciente del
grave incumplimiento de deberes
en toda la gestión del director
ejecutivo (de la DGAC, Celier
Arispe), es haber cerrado la Comisión
de Faltas y Sanciones que
no procesó ni una sola causa en
2018, algo alarmante, pues el Estado
estaría incumpliendo el
Convenio de Chicago de 1944
(sobre la seguridad aeronáutica)”,
señala parte de la denuncia
que Carpio envió al Ministro de
Obras Públicas, Óscar Coca.
Página Siete consultó a la
DGAC sobre las denuncias realizadas
por Carpio, pero no tuvo
respuesta. Este funcionario estaría
procesado por cuatro supuestas
inasistencias a su puesto de
trabajo en Beni.
“Corrompen a los funcionarios,
a quienes les hacen fabricar
informes falsos, degeneran la
función pública con base al amedrentamiento,
la destitución y
procesamiento, es esa la penosa
realidad de la DGAC”, aseguró
Carpio en el memorial dirigido a
Coca. Mediante este documento
denunció también “persecución
criminal” con procesos “inven-
tados”en su contra.
En la repuesta que el Ministerio
de Obras Públicas dio (Nº
0052/2019 emitida el 3 de junio) a
la Petición de Informe Escrito
(PIE) solicitada por la diputada
Rose Marie Sandóval, la DGAC
revela que la Comisión de Faltas
y Sanciones atendió 38 casos en
2017, pero desde 2018, cuando
Celier Arispe asumió como director,
hasta lo que va de esta
gestión, no se registró ningún
otro proceso.
El informe establece que varios
de los casos de 2017 quedaron
pendientes, pero ante el cierre
de la Comisión, que tenía un
fin preventivo y sancionador, se
desconoce qué pasó con esos
p ro c e s o s .
Entre los casos atendidos en
2017, que se desconocen si fueron
concluidos o archivados sin sanción,
están las denuncias por
irregularidades relacionadas al
caso LaMia, el accidente ocurrido
en Colombia en noviembre de
2016, cuando fallecieron los
miembros del club de fútbol brasileño
Chapecoense.
“Se puede decir que la DGAC
no cumplió la normativa en la
parte más importante: la vigilancia.
¿Es decir, señor ministro, la
DGAC, en nombre de Bolivia,
mentirá ante los auditores internacionales,
como lo hace ante las
autoridades nacionales y la
Víctor Gutiérrez / Página Siete
p re n s a ? ”, cuestionó Carpio.
Señaló que si se hace una revisión
de los casos que quedaron
pendientes, se podrá verificar un
daño económico al Estado.
Proceso por faltas
El inspector de operaciones se
presentó el viernes en La Paz, para
entregar su denuncia, luego
de enterarse que sería destituido,
pese a que “presentó sus descargos
por las supuestas faltas a
su trabajo”.
Señaló que las supuestas cuatro
inasistencias por las que buscan
echarlo luego de trabajar 28 años
en la institución, son días que tomó
como una compensación por
haber trabajado en domingos, los
meses de febrero y marzo.
Explicó que en el Aeropuerto
de Santa Ana, para cumplir con la
supervisión de las operaciones
de vuelo los fines de semana y feriados,
se turnan en equipos de
trabajo. Luego, el personal es
compensado con días libres, pero
que de forma extraña sólo él
fue procesado por las fechas que
tomó como compensación.
Carpio aseguró que el funcionario
(juez sumariante) que
atiende su proceso cometió varias
irregularidades, las que serían
direccionadas por el director
de la DGAC. Por eso, denunció
a ambos funcionarios y pide
que su caso sea analizado por
una instancia superior, en este
caso, el ministro Coca.
Continúa el proceso contra 2 vocales
Precintan 2 avionetas,
2 hangares y casas de
Clan Castedo-Candia
l FISCALÍA La principal implicada, Mayerling
Castedo, niega ser dueña de varias propiedades.
Página Siete / La Paz
La Fiscalía Departamental de
Beni procedió al secuestro
de dos avionetas, precintó dos
hangares, dos casas y dos departamentos
en el marco de la investigación
del caso de narcotráfico
contra el Clan Castedo-Candia.
Según el reporte de medios locales,
el fiscal de sustancias controladas,
Fernando Rioja, estuvo
a cargo de los allanamientos y el
secuestro de las avionetas. Los
operativos se realizaron desde el
jueves hasta el sábado.
La Fiscalía aún no precisó a
quién pertenecen los bienes, pero
informó que fueron señaladas
en las declaraciones de los involucrados,
además se presume
que pertenecen a la principal implicada,
Mayerling Castedo,
quien es investigada junto a sus
hijos, Joice Candia Castedo y
Jhonsy Darío Candia Castedo, por
sus vínculos con el tráfico de drogas
por avionetas a Paraguay.
Castedo, militante del MAS,
trabajó en anteriores gestiones
del gobernador de Beni, Alex Ferrier,
en el cargo de secretaria de
Desarrollo Humano. Fue también
su asesora en la Asamblea
Legislativa Departamental y fue
fiscal de materia y candidata al
Tribunal Supremo de Justicia
por ese departamento.
La pasada semana se aprehendió,
por supuesto prevaricato, al
presidente del Tribunal de Justicia
(TDJ) de Beni, Juan Carlos
Candia Saavedra, y al vocal Jerónimo
Manu, quienes concedieron
libertad a la hija de Castedo,
disminuyeron los riesgos procesales
de Castedo y según el ministro
de Gobierno, Carlos Romero,
se disponían a beneficiar
también a su hijo.
Los vocales fueron liberados la
madrugada del sábado, pero el
proceso por prevaricato sigue vigente.
Los magistrados de ese
departamento expresaron su
respaldo a los vocales y pidieron
el respeto a la independencia del
Poder Judicial.
La fiscal de Distrito, Nuria
Gonzales Romero, en cambio,
calificó de legal la aprehensión
de Candia y Manu. Aclaró que en
la audiencia de apelación se aplicó
medidas sustitutivas a la detención
preventiva para Joice
Candia, como el arraigo, la presentación
cada 15 días, la prohibición
de conducir vehículos, de
portar armas de fuego y dos garantes,
pero los vocales no fijaron
plazos de cumplimiento.