Edicion 02 de septiembre 2020

12 Miércoles 2 de septiembre de 2020
Opinión
Diario Co Latino
Editorial
Las protestas sociales
no deben detenerse a bala
La madrugada del lunes, una concentración
de trabajadores municipales,
la mayoría recolectores
de basura, fue disuelta a fuerza de bala
y dejó a tres trabajadores lesionados. Las
heridas, al parecer, no eran de muerte,
pero pudo serlo. Lo cual es de lamentar
y condenar. El caso sucedió frente a un
establecimiento municipal de la Alcaldía
de Soyapango.
De acuerdo con el secretario general de
la Federación Unitaria Sindical de El Salvador,
Miguel Escobar, desde las 11:15
p.m. del domingo se comunicaron con la
Policía Nacional Civil (PNC), para que se
garantizara su derecho constitucional de
protesta, sobre todo por la presencia, supuestamente,
de un “grupo de choque de
activistas de ARENA, de una de las comunidades
aledañas del municipio de Soyapango”.
El dirigente sindical relató que: “al entrar
al perímetro de los sindicalistas, la
PNC se había retirado. O les quitamos
los camiones o les quemamos los camiones,
era una de las consignas, tiraron gas
lacrimógeno y hubo agresiones con piedras,
llamamos de nuevo a la policía y a
Presidente:
Nelson López
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128 AÑOS INFORMÁNDOTE CON CREDIBILIDAD
eso de la 1:00 a.m. la delegación había
desconectado sus teléfonos. Llamamos
al 911 y dijeron que tenía todo bajo control,
pero no había ningún agente”. Los
trabajadores del tren de aseo de Soyapango,
una comuna gobernada por el partido
ARENA, mantienen protestas contra
el alcalde, por intentos de privatizar el
servicio de recolección de desechos sólidos,
lo que implicaría -de ejecutarse el
proyecto- que decenas de trabajadores
serían despedidos.
La protesta tiene fundamentos, pues,
el mismo alcalde de la comuna, Juan Pablo
Álvarez, reconoció -ante la prensaque,
en efecto, hubo un proceso de licitación
para que una empresa privada cogestionará
el servicio con la comuna, lo
que implicaba una empresa mixta, donde
la mayor parte de las acciones las tiene
el ente privado. Sin embargo, el alcalde
aseguró que, luego de hablar con los
sindicalistas, habría desistido del proyecto
privatizador.
Al parecer, el alcalde dio un paso atrás
hasta que sucedieron los hechos lamentables
en la madrugada del lunes. Hasta
hoy no se sabe con exactitud si fueron
los agentes municipales los que dispararon
o, como dicen otras versiones, si fue
la seguridad del señor alcalde, o los “grupos
de apoyo” del jefe edilicio. La Fiscalía
General de la República ha intervenido
en el caso y lo primero que ha hecho,
dado que hay lesionados, es decomisar
las armas de los agentes municipales.
Es urgente que en este caso se deduzcan
responsabilidades, pues de lo contrario
se seguirá fomentando la impunidad.
Hace varios años, los agentes municipales
de San Tecla, otra alcaldía gestionada
por el partido ARENA, dispararon
contra los trabajadores despedidos.
En una de esas acciones resultó muerto
un protestante y un fotoperiodista de
este Diario fue alcanzado por una bala o
perdigón, que se alojó en un objeto de
metal que portaba en un bolso amarrado
a la cintura. Hasta hoy este hecho está
sin esclarecer.
Es necesario que la Fiscalía profundice
estos casos, pues, de lo contrario, la
tónica será que las protestas laborales o
sociales se detendrán a balazos, lo que no
solo es una violación a los derechos humanos,
sino que puede obligar en el futuro
a que los protestantes hagan uso de
la autodefensa, y eso sí sería grave para
el país en general. Tanto las autoridades
edilicias como los diferentes sindicatos
deben primar el diálogo, para solventar
una situación que afecte a los trabajadores
y a las mismas instituciones municipales.
Los sindicatos y otras gremiales también
deben renunciar a la violencia o a
las provocaciones para generar violencia,
porque, si de lo que se trata es buscar el
violencia, no es la salida correcta. La opción,
como expresamos arriba, debe ser
el diálogo. Para ello, las municipalidades,
así como las instituciones del Gobierno
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deben
tener una mesa de diálogo disponible
todo el tiempo. Y para eso está la Procuraduría
de los Derechos Humanos, que
puede mediar entre las partes. Para ello
están otras organizaciones de la sociedad
civil, incluso, se puede contar con la Iglesia
católica.
Esperemos, pues, que en el futuro prevalezca
el diálogo y no la violencia, eso
pasa porque la Fiscalía haga lo suyo, para
que casos como lo ocurrido en Soyapango
no queden en la impunidad.