Edicion 20 de octubre 2020

Opinión
Martes
20 de octubre de 2020 13
Diario Co Latino
Ética y Política
La Ley de Reconciliación
José M. Tojeira
Aprobada en la Asamblea
en febrero de este año
y vetada por la Presidencia
de la República, la Ley
de Reconciliación cayó en una
especie de letargo debido a la
pandemia de COVID-19 y la
paralización generalizada que
supuso para el país durante varios
meses. A principios del presente
mes, la Sala de lo Constitucional
ha convocado para el 30 de Octubre
una Audiencia de seguimiento de la
Sentencia de inconstitucionalidad de
la ley de amnistía de 1983. El paso
es necesario para encontrar un camino
decente y común en la realización
de la justicia frente a crímenes de
lesa humanidad y de guerra cometidos
durante nuestra guerra civil, para
proporcionar verdad y reparación a
las víctimas y para sentar precedentes
y normas que impidan la repetición
de tan terrible y cruel pasado. Todo
ello desde el empeño de lograr una
reconciliación en la que la verdad y
la justicia construyan paz y amistad
social.
El camino hacia la justicia ha sido
Presidente:
Nelson López
Director General:
Francisco Elías Valencia
Jefa de Información:
Gabriela Castellón Fajardo
Coordinadora de Prensa: Patricia Meza
Teléfonos: 2222-1009, 2271-0671, 2271,0971 Fax: 2271-0822
128 AÑOS INFORMÁNDOTE CON CREDIBILIDAD
largo en El Salvador, lo mismo que ha
sido y sigue siendo difícil el camino hacia
una convivencia democrática marcada
por la referida amistad social.
Lograr un acuerdo reparador con
las víctimas y para las víctimas
de una de las etapas más crueles
y oscuras de nuestra historia
es una oportunidad para avanzar
no solo hacia la justicia, sino
hacia la democracia. Pues nuestra
democracia ha estado sistemáticamente
lastrada por la marginación del campesino,
el menosprecio del débil suburbano
y el abuso del pobre, cuando
no por golpes de Estado. Si algo quiere
garantizar nuestra golpeada Constitución
es el respeto a la igual dignidad
de la persona humana. Pero es evidente
que ni el liderazgo político ni el poder
económico lo han logrado. Hacer
justicia a las víctimas, mayoritariamente
pobres y débiles de nuestra guerra
civil, es un paso que puede marcar un
nuevo horizonte en el respeto a la igual
dignidad humana de todos los salvadoreños.
Tanto la Sala de lo Constitucional
que declaró inconstitucional la ley de
amnistía como la Sala actual son muy
claras insistiendo en que los procesos
de justicia en los crímenes mencionados
deben realizarse en el marco de la
justicia transicional. Ban Ki Moon, el
anterior secretario general de las Naciones
Unidas, hablando sobre esta
justicia decía que “los problemas que
hacen necesario optar por un planteamiento
que equilibre múltiples objetivos,
entre los que se encuentran la
búsqueda de la rendición de cuentas, la
verdad y la reparación, la preservación
de la paz y la construcción de la democracia
y el Estado de derecho”. Todo
ello convierte a esta justicia en un verdadero
proceso de reconciliación y desarrollo
humano.
En el actual ambiente polarizado y
agresivo, cumplir adecuadamente los lineamientos
de la sentencia de inconstitucionalidad
de 2016 se convertirá sin
duda en un paso importante hacia la
construcción de acuerdos nacionales y
hacia una mayor humanización del sistema
de justicia salvadoreño. Todavía
hay demasiadas personas que agobiadas
por la impunidad tanto de ayer como
de hoy, aspiran a una justicia desde un
espíritu de resarcimiento muy parecido
a la venganza contra el criminal, olvidando
tanto la obligación de poner en
el centro a las víctimas y su reparación,
como la obligación del Estado de trabajar
en la rehabilitación del delincuente.
La justicia transicional, muy atenta
a ambos aspectos, facilita la reconciliación,
promueve la justicia no solo legal,
sino también social y reparadora, y
construye cultura de paz. Revisar la ley
aprobada en Febrero, el veto del Presidente
y llegar a acuerdos aceptados
por las víctimas, mejorando lo realizado
hasta ahora, es clave para el desarrollo y
el entendimiento nacional.
En el actual ambiente
polarizado y agresivo,
cumplir adecuadamente
los lineamientos
de la sentencia de
inconstitucionalidad de
2016 se convertirá sin duda
en un paso importante
hacia la construcción
de acuerdos nacionales
y hacia una mayor
humanización del sistema
de justicia salvadoreño.