REVISTA INDUSTRIALES OCTUBRE 2020 #2
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Por ANTONIO R. GÓMEZ/ INDUSTRIALES*
Finanzas / Inversiones
“Respiro” provisorio en Ley 154
Urge implementar la nueva política pública anunciada por
el gobierno federal: aumentar la cantidad de contribuyentes
en la Isla asociados con manufactura de medicamentos y
dispositivos médicos.
El crédito que reconoce el Tesoro Federal al arbitrio de 4%
de la Ley 154 podrá sobrevivir al nuevo reglamento que se
acaba de emitir, pero los analistas advierten que la respectiva
legislación local no tiene mucho futuro y pronto vendrán cambios
en la forma en que se cobrarán impuestos a las empresas
hoy cubiertas por este beneficio.
La eventualidad de esos cambios fue adelantada por el secretario
de Hacienda, Francisco Parés Alicea, en un escrito
que celebra el hecho de que el reciente reglamento del Tesoro
no atañe directamente a las empresas que están en Puerto
Rico; por lo tanto, por ahora, no debe afectar el crédito asociado
a la Ley 154.
Parés Alicea ha exaltado su conversación con el secretario
auxiliar del Tesoro Federal, David Kautter, sobre el alcance
del reglamento propuesto. Al respecto, afirma que Kautter
“coincidió con nuestra interpretación y nos informó que no
es la intención del lenguaje propuesto afectar la capacidad de
recaudo (aproximadamente $1,800 millones) que genera el arbitrio
bajo la Ley 154... y mostró apertura a que presentemos
los cambios necesarios al lenguaje del reglamento que proteja
la actividad económica en la Isla”.
Tras esa afirmación -ha expuesto el titular de Hacienda- el
funcionario federal recalcó la necesidad de realizar cambios en
la legislación local. Concretamente, “es nuestra responsabilidad
encontrar el escenario adecuado para la emigración del
arbitrio a un régimen de contribución sobre ingresos que no
sea catalogado como impuesto voluntario, y que pueda coexistir
con las determinaciones administrativas del Tesoro sobre la
Sección 901 del Código de Rentas Internas Federal, para que
estas contribuciones puedan ser acreditadas por los contribuyentes
y evitar el costo de una doble tributación”.
Con este panorama concurre el presidente del comité de
Contribuciones de la Asociación de Industriales de Puerto
Rico (AIPR), Carlos E. Serrano, quien ha elogiado la rapidez
con que el secretario de Hacienda intervino para aclarar el
alcance de la reglamentación propuesta. No obstante, Serrano
aclara que será necesario clarificar el alcance de ese arbitrio
e identificar un régimen sustituto, compatible con el interés
de insertar a Puerto Rico como eje de la cadena logística de
seguridad nacional y salud en Estados Unidos. Alegadamente,
ya existen conversaciones entre el sector privado y Hacienda
sobre el tema.
Asimismo, Serrano estima que será clave para la Isla el hecho
de participar del período de comentarios establecido por
el IRS, habida cuenta de que -sin enmiendas- el lenguaje previsto
por esa dependencia federal sí puede afectar a ciertas
empresas que pagan el arbitrio en Puerto Rico.
Como está propuesto -sostiene este portavoz de la AIPR- el
reglamento puede tener un impacto preocupante... “al decirle
a esa empresa que paga el arbitrio tú no tienes suficientes lazos
con la operación de Puerto Rico como para tomar un crédito
(federal) por lo que se ha pagado”.
La incertidumbre -tal y como explica el secretario de Hacienda-
surge por el lenguaje potencial del nuevo reglamento.
En tal sentido, se requeriría a los contribuyentes en Estados
Unidos tener ciertos lazos con la jurisdicción foránea (tales
como oficina, establecimiento permanente o lugar de negocio)
para poder reclamar como crédito en su planilla federal las
contribuciones pagadas en esa jurisdicción foránea.
Parés Alicea reconoce que ningún régimen contributivo
que sustituya al arbitrio del 4% podrá generar los ingresos que
actualmente produce al gobierno de Puerto Rico. “Anticipo
que, con toda probabilidad, el nuevo régimen de contribución
sobre ingresos recaude significativamente menos contribuciones
que el arbitrio de 4%, pues se computan con bases contributivas
totalmente distintas. Por consiguiente, es igualmente
importante lograr que se implemente la nueva política pública
anunciada por el gobierno federal: aumentar la cantidad de
contribuyentes en la Isla que lleven a cabo la manufactura de
medicamentos y dispositivos médicos”. l
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