Edicion 22 de Octubre de 2021

Diario Co Latino
Nacionales
Viernes 22 de octubre de 2021 3
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa
aprobó unas disposiciones
especiales para la
suspensión de concentraciones
y eventos públicos y privados a
partir de la fecha de publicación
en el Diario Oficial hasta el 8 de
diciembre de este año, y queda
establecido que será el Ministerio
de Salud quien autorice las
medidas a cumplir para la realización
de los eventos. Caso contrario,
será la FGR quien actúe
de oficio, para quien convoque,
promueva u organice eventos de
generen aglomeraciones, es decir
“marchas de protesta”.
El documento establece que
las personas que incumplan las
medidas y convoquen, promuevan
u organicen concentraciones,
serán multadas de veinte,
hasta cien salarios mínimos urbanos
para el sector comercio y
servicios (de entre $7,300 hasta
$36,500), sin perjuicio de las infracciones
que se determinen en
el Código de Salud.
El Ministerio de Salud será el
responsable de emitir las medidas
a cumplir para la realización
de este tipo de eventos, incluyendo
los límites en cuanto al aforo
y los requisitos que deban
presentar los asistentes y organizadores,
como sus respectivos
comprobantes de esquema de
vacunación completa contra la
Covid19; siendo facultades del
Ministerio de Salud la suspensión
de los eventos o la prohi-
El gobierno pone trabas
para realización de marchas
bición de la entrada a los mismos
a cualquier persona, organizador
o asistente, que no cumpla con
los requisitos antes mencionados.
Básicamente, para la realización
de marchas requerirán del visto
bueno del MINSAL, caso contrario,
puede sancionarse inclusive
con prisión. Se establece que
toda persona natural o jurídica,
pública o privada, deberá acatar
dichas disposiciones, en caso contrario,
será la FGR quien actuará
de oficio ante el incumplimiento
de esta conforme a sus funciones
y dependiendo del caso, el infractor
incurrirá en delito de desobediencia
de particulares y será sancionado
conforme a lo establecido
en el Art. 338 del Código Penal,
el cual establece una pena de
prisión de uno a tres años.
En ese marco, la diputada de
VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que
“las marchas seguirán mientras la
actual administración dé razones
para hacerlo”; esto en el contexto
de las marchas que se han realizado,
tanto el 15 de septiembre
como el pasado 17 de octubre
donde un aproximado de 20 mil
personas han participado y mostrado
su inconformidad contra
las acciones del Gobierno.
Ortiz afirmó que este decreto
lo que demuestra es que existe un
miedo a las marchas. “La gente
está poniendo mucho de esfuerzo
en hacerse sentir de esa manera”,
comentó, sobre las últimas
concentraciones que ha habido
por las decisiones que ha tomado
el Gobierno.
“Pero lo que demuestra es que
eso genera una molestia, que se
está viendo como una amenaza
que la ciudadanía se manifieste y
exprese de esta manera”, recalcó.
También, el diputado de
Nuestro Tiempo, Johnny Wright
Sol, comentó que el decreto avalado
por Nuevas Ideas y aliados,
“es una clara evidencia” de que
para el Ejecutivo existen “aglomeraciones
favoritas y otras que les
incomodan”, ya que contextualizó
que el marco normativo está
disfrazado, porque lo aprobaron
aparentemente para prevenir
contagios de COVID-19, cuando
realmente, quieren suspender derechos
fundamentales, como la
organización de marchas.
Para los oficialistas, esta medida
es con el objetivo de ayudar a
los trabajadores que se han visto
afectados debido a la suspensión
de fiestas patronales o eventos
Salud será el responsable de emitir las medidas a cumplir para la realización de este
tipo de eventos, incluyendo los límites en cuanto al aforo y los requisitos que deban
presentar los asistentes y organizadores. Foto Diario Co Latino/arChivo.
públicos y que dependen precisamente
de ese rubro para trabajar.
La diputada de NI, Suecy Callejas,
manifestó que esta medida
no es porque no quieran que se
concentren, sino que respete las
medidas de bioseguridad.
“Ustedes pueden seguir organizando
las marchas que deseen,
lo único que les pedimos,
como Gobierno es que vaya a la
marcha, pero vaya cumpliendo
protocolos de bioseguridad;
use la mascarilla en todo tiempo
de preferencia (…) cumplir
el mínimo de distanciamiento
social, las calles no son tan chiquitas”,
resaltó.
La legisladora de Nuevas
Ideas aclaró que los eventos deportivos
y culturales sí se podrán
realizar.
Rechazan “criminalización a los derechos de libertad de expresión y movilidad”
Gloria Orellana
@DiarioCoLatino
El nuevo decreto aprobado
en sesión plenaria de
la Asamblea Legislativa,
bajo el título de “Disposiciones
Especiales y Transitorias de
Suspensión de Concentraciones y
Eventos Públicos y Privados”, fue
duramente criticada en redes sociales
por la sociedad civil y organizaciones
sociales, ambientales,
de derechos humanos y otras, que
interpretan una “criminalización
a los derecho de libertad de expresión
y movilidad”, en el territorio
nacional. La red social más prolífica
fue el twitter, en donde hubo
hilos interminables de ideas para
enfrentar las disposiciones y críticas
a la decisión de la presidencia
de la república, en respuesta a
la segunda marcha del pasado 17
Saúl Baños, directo Ejecutivo de FES-
PAD. Foto Diario Co Latino/Cortesía.
de octubre, que el gobierno de Nayib
Bukele intentó detener mediante
retenes policiales y militares en diferentes
puntos del país, principalmente
en las entradas a la ciudad capital
desde los cuatro puntos cardinales.
La segunda mega marcha tenía
como objetivo protestar contra
el gobierno de Bukele por pensiones
dignas, los desparecidos, Ley
del Agua, contra la ley del Bitcoin,
a la que se unió el robo de identidades
de la población con la aplicación
de la Chivo Wallet. Asimismo,
protestar con la ruptura de la institucionalidad
democrática salvadoreña,
dado que todo el poder lo tiene
el Ejecutivo, pues, el legislativo y judicial
está supeditado a las decisiones
del presidente Bukele..
“Nos va a obligar a hacer una
mega fiesta, un festival de la alegría...
porque hemos encontrado unidad”.
Otros sugerían “una maratón contra
la dictadura”, “que sea una venta
de comida en la calle”; “un partido
de fútbol en la calle y sus dos barras
apoyándolos”, fueron las ideas que
circularon y, por supuesto, las críticas
por tal medida arbitraria.
Estas disposiciones también trajeron
ecos de la década de los años
ochenta, consignado en la página 79
del libro: Verdades Ocultas, de Camelia
Cartagena, sobre los presos
políticos en El Salvador, que obligó
a crear el Comité de Presos Políticos
de El Salvador (COPPES), que
se convirtió en un nuevo frente de
guerra. “Para enfrentar esta situación,
ordenó crear un instrumento
legal que le permitiera aplastar por
la fuerza todo reclamo, oposición o
protesta popular. La Asamblea Legislativa,
que respondía al Partido
Oficial , fiel a sus deseos, se apresuró
a dictar la Ley de Defensa del Orden
Público, que desde todo punto
de vista era inconstitucional”, referido
al gobierno del presidente general
Humberto Romero (1977-1979).
Mientras, Saúl Baños, director
ejecutivo de FESPAD, al ser consultado
sobre el decreto que prohíbe
las marchas, afirmó que “no le
sorprendía” ese tipo de decretos, a
partir de los antecedes de la actual
legislatura con mayoría del partido
oficial Nuevas Ideas, que sobrepasan
muchas veces, el respeto a derechos
fundamentales de la población.
“Han tocado el núcleo de los
derechos humanos como la libertad
de movilidad; la libertad de
expresión y la libertad de organización
que tiene la población salvadoreña,
porque así está establecida
en la Constitución de la República”,
dijo Baños.
“Las diferentes concentraciones
y marchas (la del 15 de septiembre/17
de octubre), es un derecho
legítimo de expresión, ante
un descontento de algunas decisiones
que ha tomado el Gobierno.
Y puede haber intención de
frenar ese ímpetu que ha ido creciendo
de parte del pueblo salvadoreño,
porque al presidente no
le gustan ese tipo de expresiones”,
argumentó Baños.