Dos:Puntos - La revista de Godoy Córdoba - Edición Agosto 2023

la empresa decidió terminar de forma unilateral e
injustificada el contrato laboral, pagando para el
efecto la indemnización tarifada del artículo 64 del
Código Sustantivo del Trabajo (CST).
Inconforme con el despido y alegando que era un
acto discriminatorio, la extrabajadora instauró una
demanda laboral. Las instancias del proceso se
surtieron y sus decisiones fueron adversas a ella,
razón que la llevó a recurrir en casación la sentencia
dictada por el tribunal de segundo grado. Los cargos
que formuló por la vía directa no satisfacían las
exigencias técnicas del recurso, ni siquiera siendo
laxos, por lo que la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia no casó el fallo.
Pasado algún tiempo desde la decisión final en el
trámite ordinario -quizá demasiado-, la entonces
demandante intentó revocarla mediante la acción
de tutela, acusándola de vulnerar sus derechos “a
la igualdad, a no ser discriminada, a la identidad de
género y al debido proceso”. Los jueces del medio
constitucional, incluyendo a los de la impugnación,
negaron el amparo solicitado.
La revisión de la Corte Constitucional
Escogida la tutela para su revisión por la Corte
Constitucional, la Sala Plena centró su análisis en
que “el recurso de casación debe entenderse en
‘clave’ constitucional”. A partir de allí, reprochó al
juez extraordinario su estudio de las actuaciones
de instancias. Según la Corte, sí la Sala de Casación
hubiera actuado “en clave constitucional”, desde esa
sede se habrían amparado los derechos de la ahora
accionante. Esta aseveración, a juicio personal,
no se compadece con el mismo precedente
de constitucionalidad que ha reconocido el
carácter excepcional del recurso de casación y las
limitaciones que en él encuentra el juez encargado
de decidirlo. Recurso de casación y Tribunal de
casación constituyen un binomio inescindible. El
alcance del medio extraordinario es, a su vez, el
límite competente de la Sala que lo resuelve. Que
el juez de casación deba actuar como garante de
la norma superior no lo habilita a obviar las formas y
requisitos del recurso.
A pesar de los reparos
que puedan formularse
al fallo de unificación,
este constituye hoy un
precedente de obligatorio
cumplimiento".
Según la Corte Constitucional, su par ordinaria dejó
de observar que las instancias habían valorado
erróneamente tres testimonios y que en el recurso
extraordinario la accionante había informado sobre
su identidad de género como causa del despido.
Basta recordar que los testimonios no son pruebas
calificadas en casación, por lo que la Sala Laboral
no podía entrar a valorar de forma directa las
conclusiones del tribunal de segunda instancia
sobre lo manifestado por los testigos, más aún sí los
cargos se formularon por la vía directa. Igualmente,
el principio de consonancia obliga al juez de
casación a que su sentencia se avenga al objeto de
la apelación misma, por lo que aquello que no fue
alegado en la alzada no puede ser traído a la sede
casacional.
Otro aspecto que resuena luego de revisar la
sentencia de unificación es que el despacho reproche
la forma en que el juez de primera instancia se refirió
a la demandante en múltiples oportunidades, pero
que traslade las consecuencias de dicho reproche
a la empleadora, destinataria pasiva de la orden de
reintegro.
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