El largo camino a la justicia

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Louisa Reynolds / PzP
En septiembre de 1996, la ODHAG, Famdegua y el Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) llevaron
el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y en abril del 2000 se llegó a una solución amistosa
en la cual el Estado se comprometió a indemnizar a las víctimas
e investigar el caso.
En diciembre de 2001, el presidente Alfonso Portillo pidió
perdón por la masacre en nombre del Estado, el cual
le otorgó a 176 familiares de las víctimas un resarcimiento
de Q14.5 millones. Sin embargo, no se indemnizó a las
personas que habían perdido niños durante la masacre y la
investigación del caso siguió engavetada, motivo por el cual,
en 2006, los representantes de las víctimas se sustrajeron del
acuerdo amistoso y se avocaron de nuevo a la CIDH. Como
dijo Edgar Pérez Archila, abogado de Famdegua, que ha actuado
como querellante adhesivo en el caso de Dos Erres, “el
Estado pensó que con el resarcimiento podía comprarles sus
muertos y que se olvidaran de hacer justicia”.
Dos años después el Fiscal General Juan Luis Florido, presentó
su renuncia a petición del presidente Álvaro Colom en
el contexto de fuertes presiones por parte de la CICIG y de
organizaciones de la sociedad civil que lo señalaban de obstruir
las investigaciones.
Florido fue relevado por Amílcar Velásquez de Zárate, quien
ordenó que se priorizaran casos paradigmáticos entre ellos
el genocidio perpetrado contra el pueblo maya Ixil bajo la
dictadura de Ríos Montt, la masacre de Dos Erres, la masacre
de Plan de Sánchez, cometida en Baja Verapaz en 1982.
Bajo su administración el Ministerio Público también suscribió
un convenio con la FAFG para que ésta asumiera la
realización de los peritajes forenses en los casos relacionados