El largo camino a la justicia

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Louisa Reynolds / PzP
Quiché, donde 1,771 civiles fueron exterminados, durante la
fase más cruenta de la contrainsurgencia.
Ríos Montt se había presentado de manera voluntaria ante
el Ministerio Público (MP) y había llegado a la audiencia con
la mirada altiva, optando por permanecer de pie durante
toda la sesión, a pesar de que la juez le dijo en varias ocasiones
que podía sentarse.
Pero el 21 de mayo de 2012, Ríos Montt se encontraba bajo
arresto domiciliario y todos los recursos de amparo interpuestos
por su abogado defensor habían sido rechazados.
Ahora enfrenta un nuevo proceso penal, acusado en esta
ocasión del asesinato en la aldea de Dos Erres de 201 civiles
que fueron golpeados en la cabeza con una almádena por los
integrantes de la Patrulla Especial Kaibil y arrojados al pozo
construido por el padre de Saúl Arévalo.
Se había venido abajo la fachada de rigidez y altanería dejando
en su lugar a un anciano de bigote y pelo cano que
sabía que la historia lo había alcanzado y que podría pasar el
resto de sus días en la cárcel.
En febrero de este año, durante el juicio de Pedro Pimentel
Ríos por su participación en la masacre, el experto militar
peruano Rodolfo Robles Espinoza, había explicado que bajo
el régimen de facto de Ríos Montt (1982-83), el ejército lanzó
una campaña contrainsurgente para aniquilar a la guerrilla
y a las comunidades que la apoyaban, una estrategia a la
cual el ex dictador se refería como “quitarle el agua al pez”.
El peritaje de Robles Espinoza fue citado extensamente en la
audiencia de Ríos Montt, durante la cual el Ministerio Público
dijo que no hay evidencia de que el ex dictador haya directamente
ordenado la masacre, pero que indudablemente
él fue el arquitecto de las políticas de Estado que condujeron
a esta y otras violaciones de derechos humanos.