El largo camino a la justicia

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Louisa Reynolds / PzP
La juez Flores concluyó que a Ríos Montt sí se le podía deducir
responsabilidad por la masacre de Dos Erres, pero la
sorpresa fue que lo ligó a proceso por genocidio y no por
asesinato, de manera que el general sigue bajo arresto domiciliario
y tuvo que pagar una nueva fianza de Q500 mil, algo
que le produjo al general una visible irritación.
Pero en el rostro de Edgar Pérez Archila, el abogado de la
Asociación Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en
Guatemala (Famdegua), que actúa como querellante adhesivo
en el caso de Dos Erres, no se leía satisfacción sino inquietud.
Después de la audiencia, Pérez Archila dijo que la decisión
de ligar a proceso a Ríos Montt por genocidio era una estrategia
deliberada para mantenerlo bajo arresto domiciliario
y agregó que el caso Dos Erres no encaja en la definición de
genocidio, ya que las 201 víctimas eran campesinos no indígenas
provenientes de varios departamentos de la costa sur
y no eran un grupo etnolingüístico específico, a diferencia
de la población Maya Ixil de Quiché. A su criterio, acusar
a Ríos Montt de genocidio en este caso, abrirá las puertas
para que la defensa pueda argumentar con facilidad que esa
imputación no tiene mérito.
“Para la jurisprudencia internacional, la definición de genocidio
conlleva que sea un grupo dentro de un país que sea
distinto a la población general del país, como los habitantes
de Quebec, en Canadá, que hablan francés. En Guatemala
hay más de 20 etnias y se puede cometer más de un genocidio
pero la población de Dos Erres eran campesinos, una
comunidad de guatemaltecos que buscaban el desarrollo, a
quienes el Estado les dio tierras para que buscaran un mejor
futuro y luego con otra decisión les arrancó ese futuro. Pero
no eran un grupo distinto a la población general del país”
recalcó Pérez.