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La repetición de las normas y valores convencionales
del género en nuestra “comunidad” es una de las problemáticas
actuales. ¿Cómo existir de manera genuina y
auténtica en la permanencia de nuestros propios paradigmas
y anhelos? ¿Cuál es el punto de convergencia
que tenemos con la sociedad sin difundirnos y homologarnos
con el todo? ¿O es que no exigimos tener
derechos iguales y ser ciudadanos reales?
Las violaciones a nuestros derechos humanos siguen
existiendo de manera alevosa y deliberada; la creación
de fiscalías especializadas desde la Asamblea Legislativa,
Senado de la República e institutos autónomos
para que esclarezcan e intervengan en la prevención de
los crímenes de odio por homo, lesbo, trans y bifobia
sigue estando en el aire.
La implementación de financiamiento para capacitación
de académicos y funcionarios públicos en materia de
derechos humanos LGBTTTI, sigue estando pendiente.
El Estado no considera en su Plan Nacional de Desarrollo
recursos para realizar investigación en las problemáticas
sociales de este sector. El CONACYT, aún no tiene
líneas especializadas en temas de sexualidad y
diversidad. Son muy pocas las instituciones académicas
que cuentan con departamentos de sexualidad y género
con líneas de investigación propias: tan sólo la UNAM
y UACM.
Existe falta de financiamiento para concursos de programas
y servicios a nuestra comunidad en líneas de salud,
educación, trabajo, no discriminación. Hacen falta ferias
y programas de contratación a nuestro sector de manera
vigente desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Incidir para que las empresas y espacios de gobierno
tengan cuotas de contratación específica a nuestra
población, como lo es el caso de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal. Hace falta que los
partidos políticos en nuestro país tomen líneas de
acción en tanto programas vigentes, secretarías
distritales, nacionales e incorporen en su plataforma el
tema de las identidades sexo-políticas y transgenéricas
como parte de sus agendas. Así como cuotas de militancia
y candidaturas de líderes populares con trabajo
territorial. Necesitamos la creación de una fiscalía
especializada para denuncia de violación a derechos
humanos cuando se niegan servicios del Estado en
materia de salud, educación, trabajo y cultura.
Los problemas en disyuntivas y paradigmas de nuestro
sector hoy en día a más de 36 años de lucha y participación
política son demasiados; los problemas reales en
nuestra comunidad aún no terminan pese a la pérdida
de sentido y desencanto por la participación política de
la sociedad, en desarticulación con partidos políticos
y sociedad civil. Nosotros como movimiento social de
nuestro país, que siempre pugna y reivindica nuestros
derechos como sujetos y ciudadanos, seguiremos reclamando,
propugnando, buscando construir puentes generacionales
con miradas distintas en proyectos colectivos,
reconociendo y fortaleciendo nuestras autonomías.