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consecutivas y algún aliado, por reformar la Ley de
Planeación para que tuviera perspectiva de género,
que de la LVIII legislatura a la LXI vivió una suerte de
avatares en un ir y venir de la Cámara de Diputados
a la de Senadores. ¿No suena lógico entonces que en
consecuencia ahora tendría que reflejarse en el
presupuesto y en las estructuras institucionales y sus
programas?
Hay que argumentarle al señor Videgaray que con el
recorte al gasto y el reajuste presupuestal, el régimen
estará ávido de aprobación social: incorporen a las
mujeres al desarrollo. En realidad se le daría una buena
vuelta a la tuerca a la democratización de la participación
social en la vida pública; se revitalizaría la
relación entre la población y las instituciones. Y de
paso se refrescaría la operatividad de la ejecución de la
política pública porque se tendría —para ser ágil y
viable— que modernizar y tecnologizar el servicio
público y acabar con todo tipo de mediadores o coyotes.
El rediseño del gasto tendría que venir también con un
rediseño de los programas y de las reglas del juego.
En este sentido, así como el Presupuesto, tampoco
puede ser inercial la ejecución de la política pública.
Abriría las ventanas hacia la transparencia efectiva:
porque la gente se involucre en los procesos como
beneficiaria y como observadora. Sería un sueño dar
al traste con la corrupción y con la simulación, que
son los males de nuestras instituciones públicas.
¿Qué sería la eficiencia y cómo se mediría? No es lo
importante, por ejemplo, saber cuántos refugios o
centros de justicia se establecen, o a cuántas mujeres
han atendido (lo que esto quiera decir, si bien o mal
o suficiente) acaso si han dejado de violentar a las
mujeres y de asesinarlas. E incluso, cómo y en qué
medida, en qué actividades, en qué escalafones, con qué
sueldos, o cómo participan en los sectores productivos
de la economía, con qué financiamiento. Es decir, el
impacto de la política pública medido en disminución de
la violencia y el feminicidio como en oportunidades.
Las Unidades de Género de las dependencias de la
Administración Pública Federal no tienen articulación
al interior ni entre sí. No sirven más que para hacer
numeritos el 8 de marzo por el Día Internacional de las
Mujeres o el 25 de noviembre por el Día Internacional
de la No Violencia hacia las Mujeres. Los titulares
(secretarios de Estado) se paran delante de las trabajadoras
(exclusivamente) a tirarse rollos sobre algo que
no va más allá de lo políticamente correcto o a platicar
anécdotas de los buenos padres de familia, esposos
que son y los agradecimientos a sus progenitoras que
les dieron la vida. Es como si en el año ahora hubiera tres
días de la madre. Hay quien les rifa otra vez utensilios
y aparatos para el hogar: la liberación de línea blanca.
O sea que no sirven para educar al personal femenino,
ni al masculino.
Por todo eso es necesario partir de una visión federalista
que trace las rutas en el sistema federal como en los
estados y municipios. Darle arraigo a la política pública
con perspectiva de género, con cartas de naturalización:
reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y el proceso de homologación a las correspondientes
de los estados y municipios. Hacerlo sistema.
¿Cuántas leyes de planeación en las entidades
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