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Reconceptualizando la Interculturalidad
las lealtades feudales y corporativas, contra las formas de articulación feudal,
para construir la modernidad capitalista. Para eso sirvió el constitucionalismo,
para fusionar la idea de Estado y Nación en una visión moderna.
Hoy, el Estado-Nación está en crisis en todo el planeta y debemos construir
un constitucionalismo que además sea respetado en el Estado. Esto significa
el reconocimiento de sus instituciones políticas de democracia directa y
comunitaria, no un simple reconocimiento nominal o formal.
La reconceptualización de la interculturalidad en su versión crítica requiere
con urgencia que se logre sustituir las visiones restringidas e ingenuas de
interculturalidad que, en última instancia, se convierten en una concesión al
orden de la dominación, que articula bajo formas complejas el orden colonial
con relaciones del capital.
5. Educación, interculturalidad, opresión y
emancipación
A lo largo del presente artículo, hemos intentado mostrar, primero, que en
su uso dominante la llamada interculturalidad no es más que una manera
de reorganizar y profundizar mecanismos de inclusión subordinada que
profundizan y refuerzan los múltiples mecanismos de dominación, pero
poniendo en escena una simulación moderna que cumple la función política
de apaciguar, desorientar, desorganizar y silenciar a los sujetos colectivos
(movimientos sociales y movimiento indígena) que, por más de una década,
en Latinoamérica no han parado de avanzar hacia una transformación
profunda. La última publicación internacional del actual director de la
Academia Diplomática de la República de Bolivia explica el proceso en el
caso boliviano:
En la primera gestión del gobierno de Gonzalo Sánchez de
Lozada y Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), siguiendo los
grandes lineamientos de sus antecesores, profundizaron las
políticas neoliberales con otros cambios legales, como la reforma
de la Constitución Política del Estado, la Reforma Educativa y la
Ley de Participación Popular (ley 1551 o de municipalización),
todas de 1994, y la ley del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, más conocida como la Ley INRA de 1996, que abrían
nuevas sendas para la nueva etapa de las políticas neoliberales.
La denominada Participación Popular, o de municipalización de
1994, suavizó la demanda de las comunidades y los sindicatos
de convertirse en pueblo y cantón, porque emergió un nuevo
polo de atracción como es el municipio. El Estado buscó que el
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