la persistente proteccion juridica de los consumidores y usuarios en ...

(con dudosa eficacia) nuestras Leyes, vive en una contradicción estructural permanente: es el órgano nacional de
representación y consulta de los consumidores y usuarios (art. 22.5 Ley 26/1984, General para la Defensa de los Derechos de
los Consumidores y Usuarios -LCU, en siglas-, que desarrolla los mandatos del art. 51 CE), es el órgano que tiene
encomendada la representación institucional nacional de las organizaciones consumeristas (art. 5.2 R. D. 2211/1995), es
el órgano que tiene entre sus competencias la formulación de propuestas en materia de protección del consumidor y la solicitud
de información a la Administración en esta materia (v. art. 13 R. D. 825/1990). Pero, también, es un órgano sin
personalidad jurídica, dependiente del INC (28), y es un órgano con unos recursos materiales y personales muy precarios.
No sorprende que el Informe del Consejo Económico y Social afirme: «(Sin) capacidad jurídica propia y sin recursos
adecuados para sus fines, el Consejo de Consumidores y Usuarios difícilmente podrá cumplir los mandatos establecidos
por la LGDCU y el Real Decreto 825/1990 , ,(29). El propio Ministerio de Sanidad y Consumo, y el INC, son conscientes de
la excesiva debilidad y postergación del CCU: el Informe que, a su requerimiento, realiza el Prof. A. Bercovitz dedica un amplio
apartado a este Consejo que arranca con esta afirmación: , aun manteniendo la necesidad de que exista el CCU, debe tratar
de mejorarse su actual regulación legal con el fin de favorecer una actuación mas conocida y eficaz del mismo» (30).
(27) Nuestro Cooperativismo y.. ., cit., pp. 590-591
(28) Organismo que debe proponer al Ministerio de Sanidad y Consumo "los recursos humanos y materiales necesarios pare
su funcionamiento ,, , tan es así que la sede del CCU es la de la Subdirección General de Información, Fomento y Arbitraje del
INC (art. 15 R. D. 825/1990).
(29) CES, Los derechos del consumidor y la transparencia del mercado, cit., p. 132.
(30) Asociaciones de consumidores..., cit., pp. 87-89.
En este ultimo Informe se enumeran medidas muy concretas para conseguir esos objetivos: la modificación de la
estructura y composición del CCU (v.g.: formarían parte del Consejo todas las asociaciones homologadas en
el ámbito estatal, se suprimiría la distinción actual entre el Pleno y la Comisión Permanente, y se potenciarían
las figuras del Presidente y de un Secretario ejecutivo); el funcionamiento del Consejo debe propiciar acuerdos
consensuados o por mayorías amplias; el aumento de la financiación del Consejo; y el incremento de su
autonomía respecto al INC. Propuestas que, en ocasiones, divergen de las demandas de las asociaciones de
consumidores y usuarios. Por ejemplo, la Presidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
reivindica dotar al CCU de personalidad jurídica, para garantizar su autonomía y su autorregulación; y denuncia
que el nuevo Plan Estratégico de Protección del Consumidor ha sido aprobado ignorando al Consejo (31).
(31) RODRIGUEZ SANCHEZ, M., «Los derechos de los consumidores», en El consumo en España..., cit., p. 179.
A los males glosados habrá que sumar la (extendida y generalizada) falta de coordinación entre las competencias
normativas y ejecutivas del Estado y las de las Comunidades Autónomas. El presente del CCU no es muy
halagüeño.
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