la persistente proteccion juridica de los consumidores y usuarios en ...

subvenciones pretenden justificarse bajo el ardid político de conseguir el fortalecimiento de las
organizaciones de consumidores y su profesionalización. Cuando, como vemos, el efecto que consiguen
es precisamente el inverso. Estamos, aunque no nos agrade personalmente esta afirmación, ante unos hechos que
verifican (en el caso concreto comentado) el injusto y pesimista juicio de Chateoubriand de que, en política, casi
siempre el resultado es contrario a la previsión. Precisamente la otra gran partida a financiar, junto a los programas
específicos, son programas de fomento de las asociaciones de consumidores y usuarios «mediante la colaboración
en su mantenimiento y funcionamiento habitual, incluida su presencia activa en el Consejo de Consumidores y
Usuarios, y en otros órganos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos». Estos
programas pueden absorber hasta el 50% de las cantidades que repartirá en este ejercicio el INC (v. art. 3.Primero).
Dentro de los programas de tomento asociativo se subvencionaran (sic) « los gastos generales de la organización
referidos a servicios exteriores y personal correspondientes a: arrendamientos y cánones -cuenta 621-, reparaciones
y conservación -cuenta 622-, publicidad y propaganda dirig1da a difundir la Entidad -cuenta 627.1-,
suministros -cuenta 628-, sueldos y salarios -cuenta 640- y seguridad social a cargo de la empresa -cuenta
642- del presupuesto de gasto que figura como anexo lll» (art. 9.Primero párrafo primero).
Dicho en forma llana: lo mismo se pagan los gastos ordinarios de las asociaciones consumeristas que, a
continuación, se fijan ambiciosos programas donde están presentes, sobre el papel, extremos tan importantes para
un fomento efectivo del movimiento consumerista como la base social de las asociaciones, los medios de
autofinanciación, las subvenciones totales recibidas, los procesos de fusión entre las asociaciones, o la efectividad
de las actuaciones (v. el art. 5. Primero de la Orden comentada, que fija los criterios de valoración por parte de la
Comisión de Selección para evaluar las solicitudes presentadas). Como podemos advertir, la actuación de la
Administración estatal, a través del INC, respecto a las asociaciones nacionales de consumidores y usuarios, no
tiene una orientación ni unos objetivos claros.
6. A modo de conclusión
El propio legislador ha glosado esta actitud vacilante frente al movimiento consumerista. Basta cotejar las
declaraciones legales contenidas en la Exposición de motivos del R. D. 825/1990, sobre derecho de
representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones y el
Dictamen del Consejo de Estado que informo sobre el Proyecto de esta norma que aconsejo una política
selectiva de fomento (41); con la reforma introducida en el citado R. D. 825/1990 en 1995. La Exposición de
motivos del R. D. 825/1990 afirma que las importantes carencias del movimiento consumerista (v.g.: excesiva
dispersión y atomización y dificultades de financiación) hacen necesario ex art. 51 CE < fomentar las
organizaciones de consumidores y usuarios fuertes y representativas». El legislador ha rectificado
abiertamente esta actitud. La Exposición de motivos del R. D. 2211/1995, de 28 de diciembre, que modifica
33