la persistente proteccion juridica de los consumidores y usuarios en ...

Las órdenes del Ministerio de Sanidad y Consumo correspondientes a los ejercicios 1990 (Orden de 19 de
abril), 1991 (Orden de 8 de marzo), 1992 (Orden de 10 de abril) y 1993 (Orden de 20 de abril) coinciden, en sustancia,
con las previsiones de las Órdenes de los ejercicios precedentes. Estas Órdenes comienzan a aplicar, en la
materia que regulan, la distinción introducida por el Real Decreto 825/1990 entre asociaciones con representación
en el CCU y las que no están representadas. Sobre esta distinción es de sumo interés la STS, Sala 4.a, de 11 de
diciembre de 1991 (R. Ar. 9369), que desestima íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la OCU contra el citado Real Decreto (v. infra). La actividad de fomento publico va a ser mas intensa en el caso de
las asociaciones con representación en este Consejo. Este hecho va a producir, a la larga, una consecuencia
negativa y paradójica: el incremento de la financiación publica y de la participación en los organismos públicos
(incluido el propio Consejo, y el reparto de poder en su seno) de las asociaciones representadas en el CCU esta
actuando de freno y de obstáculo a los necesarios procesos de integración y fusión de nuestras asociaciones
de consumidores y usuarios de ámbito nacional.
El análisis y el comentario precedente puede ser extendido a las Ordenes correspondientes a los ejercicios de
1994 (Orden de 18 de abril) y de 1995 (Orden de 26 de julio).
3. ¿Síntomas de cambio?
En la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 31 de mayo de 1996 (BOE de 13 de junio), el INC
introduce un elemento de interés: los gastos generales de infraestructura de las asociaciones solo se
subvencionaran en la medida en que se destinen a ejecutar los programas específicos para los que se conceden
las ayudas.
Para comentar esta interesante novedad podemos analizar la Orden del citado Ministerio de 31 de enero de 1997
sobre normas para la concesión de subvenciones a entidades sin fines de lucro de ámbito nacional, con destino a
la realización de programas y actividades de información, defensa y protección de los derechos de los
consumidores y usuarios (36).
(36) BOE de 14 de febrero, c. e. de 7 de marzo.
La Orden de 1997 mejora, de nuevo sobre el papel, algunos vicios heredados. En su Exposición de motivos
aparece la omnipresencia de la «internacionalización de los mercados y, en consecuencia, la globalización de
los problemas que afectan a los consumidores». De ahí que -se prioriza la subvención de aquellos proyectos
que (...) respondan a los problemas generados en el ámbito de la Unión Europea>. Afirma que dada “la
implantación del movimiento consumerista español» (nos queda la duda sobre el sentido de esta afirmación: ¿el
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