la persistente proteccion juridica de los consumidores y usuarios en ...

transfronterizos. En esta línea destaca la aprobación de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los
consumidores (DOCE de 11 de junio). La incorporación de esta Directiva al Derecho patrio se esta tramitando
en estos momentos en el Congreso de los Diputados (81) (v. infra). En segundo lugar, la simplificación de los
procedimientos en los que interviene el consumidor individual, donde la Comisión ha aprobado varias iniciativas
sobre la solución extrajudicial de conflictos en materia de consumo. La mas importante es la comentada
Recomendación de la Comisión de 30 de marzo de 1998 (v. supra).
(81) B O C G , Congreso de l os Diputados, VII Legislatura, Serie A, Num. 56-1, de 16 de noviembre de 2001.
B) La etapa de inseguridad jurídica en España
Reparemos que el reconocimiento legal de la Iegitimación procesal de las asociaciones consumeristas es una
materia que, según la doctrina constitucional (v., entre las primeras resoluciones, el Fundamento jurídico 20
de la citada STC 71/1982), es competencia estatal en cuanto esta inserta en el ámbito de la legislación
procesal, siempre que la regulación autonómica introducida no responda exclusivamente a
particularidades del Derecho sustantivo autonómico (art. 149.1.6.a CE).
Las posibilidades de actuación de las asociaciones de consumidores y usuarios ante la Administración y,
especialmente, ante los órganos jurisdiccionales, en muchas ocasiones se han visto frenadas por la falta
de Legitimación de estas asociaciones para representar los intereses colectivos o difusos de los consumidores
y usuarios. En mas de una ocasión la Administración y la Jurisdicción han acudido al fácil expediente de
negar esta Iegitimación, y solo han admitido las acciones de las asociaciones consumeristas cuando
estuviesen directamente afectados los derechos e intereses legítimos de la asociación o de sus asociados
(82). La reacción doctrinal a esta situación de indefensión y de arbitrariedad judicial y administrativa, no era
excesiva. Algún autor repetía, acríticamente, el juicio de G. Alpa de que en un primera fase, con organizaciones
consumeristas poco desarrolladas, no era oportuno e) reconocimiento de la
legitimación procesal de las asociaciones de consumidores, pues podría degenerar en abusos
procesales (83). Por fortuna esa fase inicial, si alguna vez fue necesaria, ya ha expirado con
amplitud.
(82) V. la amplia casuística recogida en Código sobre consumo y comercio, cit., pp. 270-280; el excelente informe de
SILGUERO ESTAGNAN, J., ,, La protección procesal del interés colectivo de los consumidores", EC, núm. 49, 1999, pp. 73-
100; y HERNANDEZ BATALLER, B., «Acceso de los consumidores a la justicia, EC, num. 54, 2000, pp. 143-153.
(83) SEQUERIRA MARTIN, Defensa del consumidor..., cit., p. 119.
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