la persistente proteccion juridica de los consumidores y usuarios en ...

ejercicio 1999 las subvenciones repartidas ascendieron a 220.138.000 ptas.; en el ejercicio 2000 a
282.106.000 ptas.; y en el ejercicio 2001 la cantidad presupuestada es de 284.425.000 ptas. Como contraste
baste reseñar que solo la OCU declara en el ejercicio 2000 un presupuesto de 243.677.772 ptas. (con un
86,26% de financiación propia). Otro ejemplo significativo es el de la UCE, cuyo presupuesto en el mismo
ejercicio es de 180.200.000 ptas.
Pero no nos quedemos aquí. En 1991 y 1992 las subvenciones concedidas para los conceptos que
analizamos por el INC ascendieron a 400 millones ptas. Mientras en 1993 y 1994 alcanzaron los 318,4 millones
ptas. ¿Que conclusión cabe extraer? Pues que las cantidades presupuestadas, además de insuficientes y
mal repartidas según los estudios existentes, han ido progresivamente reduciéndose a partir de 1992. En
palabras del Consejo Económico y Social: « (En) opinión del CES, a la vista de las cifras que se exponen,
el apoyo estatal mediante ayuda y subvenciones parece insuficiente, y su importe global se ha reducido
incomprensiblemente estos últimos anos. La misma suerte han corrido en sus respectivos ámbitos de
actuación las asociaciones de consumidores regionales y locales» (37). Más que incomprensiblemente, que
es la expresión políticamente correcta, la reducción tiene sus razones. Algunas de estas razones están
unidas al ajuste de las cuentas públicas para cumplir los compromisos del pacto de estabilidad presupuestaria
ligado a la moneda única y, en forma más general, al impacto de la globalización o mundialización insolidaria
sobre los Estados del bienestar (38). Baste pensar que, pese a las revisiones a la baja de la previsión de
crecimiento económico, los responsables estatales de la política económica han insistido
denodadamente en que este hecho no afectara al objetivo del déficit cero para el ejercicio económico de
2001 que, afirman, es irrenunciable.
(37) lbidem, p. 128.
(38) CALVO BERNARDINO, A. Y PAUL GUTIERREZ, J., , El proceso de globalización y la intervención del Estado en la
economía ,, , Revista Hacienda Publica Española, num. 152, 2000, pp. 21-27; CONSEJO DE REDACCIÓN DE FOMENTO
SOCIAL, «Globalización integradora vs. Globalización excluyente-, Revista de Fomento Social, num. 218, pp. 143-160; o DE
SEBASTIAN, L., « ¿Donde se juega la justicia en nuestro entorno en los próximos diez anos?», Revista de Fomento Social,
num. 220, 2000, pp. 509-520.
Con estos nuevos hechos se rompe la tendencia histórica, claramente verificable en el Ámbito de la Unión
Europea, de un incremento de la defensa individual de los derechos de los consumidores y usuarios y de
un mayor avance del movimiento consumerista en las etapas de bonanza económica, como la vivida por
las economías occidentales desde 1995 hasta el arranque del nuevo milenio. Por otro lado las políticas
publicas de fomento del asociacionismo consumerista continúan centradas en la facilitación (decreciente en
la coyuntura actual) de recursos económicos, con olvido (premeditado o no) de otros cauces como,
señaladamente, la atención de las demandas y reclamaciones de las asociaciones consumeristas, y la
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