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144 Je s ú s d e Ga l í n d e z
naturalmente al juez tampoco le incumbe la misión de determinar
que la verdadera ley no es la aparente, es la que se hubiera
debido publicar, estos son aspectos extrajudiciales, y el juez, repito,
lo único que puede hacer es aplicar una ley general existente
a un caso particular y concreto, o no aplicarla por considerarla
inexistente.
Lo demás incumbirá en su caso al Poder Ejecutivo, que
dándose cuenta del problema ordene la nueva publicación debidamente
revisada, o al Poder Legislativo que considere más
oportuno dictar otra ley, estos son problemas constitucionales
y políticos del problema que no nos interesan, nos interesa tan
sólo la actitud del intérprete ante estas leyes inexistentes.
Resumiendo lo dicho, es de recalcar la importancia del problema
de los errores en la publicación de las leyes, sobre todo
en países, como la República Dominicana, que admiten la posibilidad
de una publicación múltiple en la Gaceta Oficial y en los
diarios de circulación.
Claro está que el problema puede revestir menor importancia
cuando los errores se producen en la publicación en estos periódicos,
pues entonces cabe la posibilidad de predeterminarse que
la publicación constitucional es sólo la hecha en la Gaceta Oficial
y las otras son supletorias, complementarias mejor dicho, pero
que la ley se perfecciona al ser publicada en el diario oficial.
En cambio, el problema es totalmente insoluble cuando el
error se ha producido en el texto gubernamental, en este caso
se trata de leyes inexistentes, y cuando así se haya declarado por
el Tribunal Supremo o Tribunal de Casación según las nomenclaturas,
al que como es lógico irán a parar esos litigios, no cabe
más solución sino que el Poder Ejecutivo publique de nuevo la
ley con su texto verdadero, o que el Poder Legislativo apruebe
otra ley, si bien esto no sería la solución del problema interpretativo,
sino la creación de una ley nueva.
Bien es verdad que en la práctica existe una gran dificultad
para que estos problemas se planteen, y es la de que los ciudadanos,
sobre todo los hombres de leyes, conozcan el texto primitivo
y por lo tanto el error; pero con seguridad se puede afirmar que