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154 Je s ú s d e Ga l í n d e z
que además tienen el caso curioso de posible poligamia legal
al existir en el culto mormónico, el de Italia que a partir del
Concordato con la Iglesia Católica de 11 de febrero de 1929 en
su Art. 34 ha reconocido también validez jurídica a los matrimonios
católicos; el de Checoslovaquia por la ley de 22 de mayo
de 1919, el de Inglaterra, si bien los cultos con la excepción de
la Iglesia anglicana necesitan una previa autorización después
de llenar ciertos requisitos para probar el número de adeptos,
y finalmente los tres países escandinavos: Dinamarca, Suecia y
Noruega, si bien estos debido a su historia religiosa, ya que
luteranos acérrimos no han llegado a dar libertad de culto a
la Iglesia Católica hasta la segunda mitad del siglo pasado, en
1847, 1863 y 1893 respectivamente, por este motivo histórico
no reconocen validez a los matrimonios de todos los cultos
sino de las Iglesias reconocidas, entre las que se cuentan la
luterana, la anglicana, la católica y la israelita.
c. Países que sólo reconocen validez jurídica al matrimonio
civil. Es el sistema que implanta el Código de Napoleón, y
que hoy siguen la mayoría de los países, entre ellos Francia,
Bélgica, Países Bajos, Alemania, Portugal, Suiza, Hungría,
Rumania, Luxemburgo, Mónaco, Argentina, Brasil, Perú,
Venezuela, la República Dominicana, Puerto Rico, México,
y naturalmente la URSS a partir del Código Civil de 1918,
reformado en 1923, cuyo Art. 52 establece el matrimonio
civil sin apenas solemnidades frente al matrimonio religioso
de la Rusia de los Czares.
Estas son las legislaciones. ¿Conflictos de leyes?, evidentes. El
principio aplicable según la doctrina estatutaria sería el de locus
regit actus, pero, como decíamos antes, en esta materia tiene un
gran juego la excepción de orden público nacional, y ni en Francia
se dará validez al simple matrimonio católico que contraigan
dos franceses en Madrid, ni viceversa en España se admitirá el
simple matrimonio civil de dos católicos españoles en París.
Por eso el Art. 5 de la Convención de La Haya de 1902 sentaba
en principio la regla locus regit actus, al decir «será reconocido