Contestación a la demanda México - Secretaría de Economía

Administración General Jurídica de Ingresos información sobre el estado de la sentencia,
específicamente si esta había causado ejecutoria 36.
111. La Suprema Corte remitió los autos al Juez de Distrito el 27 de octubre de 1993 y
solicitó notificar formalmente a las partes. El Juez lo hizo el 8 de noviembre de 1993 y requirió
a las autoridades responsables citadas por CEMSA en su demanda de amparo (el Congreso, el
Presidente, el Secretario de Gobernación y el Secretario, Subsecretario de Ingresos y Director
General Técnico de Ingresos de la SHCP) que le informaran sobre las acciones tomadas o que
fueran a tomar para cumplimentar la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia 37.
D. El cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia por
la SHCP
112. Contrario a la afirmación del demandante de que “durante meses” la SHCP no realizó
ningún acto tendiente a la cumplimentación de la ejecutoria de amparo de 1993, las pruebas
demuestran que, tras recibir el Juez de Distrito el expediente de la Suprema Corte de Justicia,
procedió a notificar oficialmente a las partes 38, la SHCP respondió oportunamente a las
notificaciones del Juez y a todas las reclamaciones, acusaciones y demandas presentadas por el
demandante 39.
113. El 24 de noviembre de 1993, el Procurador Fiscal de La Federación, Roberto Hoyo
d’Addona, informó al Juez de Distrito que el Presidente de la República y el Secretario de
Hacienda no requerían realizar ningún acto para cumplir con la ejecutoria de la Suprema Corte 40.
El acto reclamado por CEMSA en contra del Presidente fue la promulgación de la reforma a la
Ley del IEPS; los actos del Secretario fueron la aprobación de la regla 121-B y el supuesto
refrendo previo a la promulgación de la reforma 41. Dada la naturaleza de esos actos, no había
nada que hacer de parte del Presidente o del Secretario para cumplir con la sentencia. El
Tribunal debe advertir que la determinación de la inconstitucionalidad no significa que la medida
deba ser derogada; simplemente resulta en la no aplicación a un quejoso específico de una
medida que, por lo demás, continúa en vigor. Además, la disposición específica revisada por la
36. CM 02537.
37. CM 02541. El plazo de 24 horas es rutinario en órdenes de esta naturaleza y significa que el juzgado
solicita una respuesta a la brevedad. No se debe interpretar que el juzgado estaba especialmente preocupado por este
caso en particular.
38. CM 2540.
39. El memorando del 27 de octubre de 1993 citado por el demandante (demanda página 20, párrafo 30), como
prueba de que la SHCP no tenía la intención de cumplir con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, no dice
nada al respecto. Más bien, es una evaluación de las amenazas públicas del demandante y sobre una denuncia penal
presentada en contra de funcionarios de la SHCP, que los acusaba haber presentado al Congreso de la Unión las
reformas a la ley del IEPS en 1991, así como la implementación de las misceláneas fiscales. Esta denuncia fue
desechada.
40. CM 02546.
41. La SHCP negó que el Secretario hubiera refrendado la reforma. Por lo tanto, el Juez de Distrito sobreseyó
el amparo respecto de ese acto. La Suprema Corte de Justicia posteriormente confirmó el sobreseimiento.
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