Antorcha en Puebla - Buzos

REPORTAJE
juguetes y ropa, “se dan cuenta de nuestra pobreza”, dice la
señora Solorio y añade: “Muchos de nuestros niños trabajan
en las esquinas, como vendedores o limpiaparabrisas.
Hemos pedido que nos apoyen con maestros para nuestras
escuelas, pues hay familias que tienen hasta cinco hijos y
para llevarlos gasta mucho dinero en el pasaje”.
La pobreza tiene víctimas. “Hace cuatro meses murieron
dos niños de la colonia. Ellos viajaban hasta el pueblo de
San Miguel Ajusco junto con su papá, pero en un afán de
ahorrar, el papá decidió que se regresaran solos, el microbús
chocó y murieron.
A las autoridades no les importa lo que necesitamos porque
ellos tienen todo, baño, casa, agua”, se lamenta la señora
Adriana.
Para tener servicios médicos, medicinas o la simple compra
de las tortillas, deben viajar hasta San Miguel Topilejo
o al centro de la delegación, es decir, un viaje de más de
una hora.
La señora Cristina Sandoval no tiene un título de maestra
pero ha ido aprendiendo la profesión con los 25 niños que
atiende en el centro escolar comunitario San José, con ayuda
de otras dos personas también voluntarias. Es un centro para
las mamás que trabajan y a quienes les cobran una cuota de
30 pesos al mes “y quien no puede pues no lo paga”. Los
niños tienen seguro, un desayuno y comida.
Cada mes viene una maestra voluntaria para darles el
programa mensual con los temas que deben aprender los
pequeños. Y a pesar de que tiene carencias de agua, los
niños siempre tienen un espacio para asearse y evitar así
las enfermedades.
La desconfianza crece con los pocos árboles que hay en la
calle Diamante. “Todas las áreas verdes nosotros las cultivamos
y las cuidamos. Es la gente de la delegación quienes las
destruyeron cuando supuestamente nos vinieron a desalojar”,
indica la señora Adriana.
No tienen confianza ni para hablar sobre su situación pues
temen que la gente de la delegación los desaloje. “Las autoridades
no nos dan servicios porque argumentan que esta es
zona de reserva ecológica”. Sin embargo, saben que desde
1998 la misma delegación tenía la intención de construir un
campo deportivo en ese terreno, aunque ellos creen que en
realidad lo que quieren es levantar un centro comercial.
“Sólo queremos cambiar el uso de suelo, para que las casas
sean verdaderamente nuestras”, remata doña Adriana.
Abriendo camino
Más de la mitad del territorio de la Ciudad de México está
considerado como suelo de conservación; ahí se alberga
cerca del 2 por ciento de la riqueza biológica mundial y el
11 por ciento de la nacional, con alrededor de 3 mil especies
de flora y 350 especies de fauna.
En Xochimilco, hay aproximadamente 162 asentamientos
irregulares, según datos oficiales, que incluyen más de 2
mil viviendas. Siete de las comunidades que viven en sitios
no permitidos por la Ley se encuentran en zona de conservación
ecológica.
Incluso la UNESCO ha hecho llamados urgentes para
rescatar del deterioro ecológico a la zona chinampera, pues
corre el riesgo de perder la declaratoria de Patrimonio Cultural
de la Humanidad que comparte con el Centro Histórico
del DF.
Por la necesidad y el esfuerzo tienen un hogar junto a la
autopista que comunica a la Ciudad de México con Morelos.
Predios como El Aguacate y Ocotitla tuvieron que abrir un
camino desde el Reclusorio Sur del DF para que las pipas
de agua y el gas puedan entrar y dotar el servicio.
Rosa María Espinosa fue la primera vecina que llegó a
Ocotitla hace seis años, después de comprar parte de estos
terrenos con uso agrícola a un intermediario. Después de
ella otras 22 familias llegaron a asentarse y construyeron
casas con lámina y cartón.
“Tenemos un contrato de compraventa y por eso la delegación
nos ve como propietarios, finalmente ya nos dieron
permiso para vivir bajo la condición de no construir hasta
no tener el cambio de uso de suelo”.
Para llegar a Ocotitla se debe caminar por lo menos 20
minutos entre matorrales, tierra suelta y rodeando algunas
parcelas de maíz. En el camino, algunos vecinos están colocando
improvisados postes de luz para llevar el servicio,
mientras niños y jóvenes disfrutan de un partido de fútbol
sin importar que el polvo les cubra hasta la cabeza.
“Compramos por necesidad pero sin saber en qué problemas
nos íbamos a meter -señala doña Rosa-, no pudimos entrar en
el último acuerdo de cambio de uso de suelo porque apenas tenemos
seis años de estar aquí, pero las autoridades saben quiénes
y cuántos somos”.
La paciencia es su
alimento, pues saben
que obtener un reconocimiento
legal no será
fácil. “Ahí esta la colonia
Tonatlaco, metros
más adelante, que tienen
más de 20 años y tampoco
han podido cambiar
su situación”.
Después de ver el desalojo
de sus vecinos
a menos de cincuenta
metros y asustarse por
los rumores de un posible
desalojo contra ellos,
doña Rosa se siente ahora
un poco más segura.
“Sabemos que hay que
respetar el acuerdo con
la delegación porque
si no todos vamos a
pagar las consecuencias
y nos quitarán lo que
tenemos”.
En la delegación les advierten que llegarán políticos y les
van a prometer todo, pero que no se confíen porque no van
a cumplir nada. “El mismo delegado que está ahora también
nos dijo promesas pero no cumplió, nosotros hemos traído
la luz y los otros servicios”, reafirma doña Rosa.
De cualquier manera ella está preparada para todo. “Si
me piden que desaloje lo hago al primer llamado, no voy a
arriesgar mi vida por un pedazo de tierra, tengo necesidad
de una casa pero no para esperar a los granaderos”.
La vida de Elizabeth
Si existe algo más difícil que observar un desalojo, es
vivirlo en carne propia. El 8 de mayo de 2004, apenas
iniciando el día, un grupo de 120 granaderos llegó al paraje
conocido como El Aguacate, ubicado en Santiago Tepalcatlalpan,
delegación Xochimilco y tiraron puertas y ventanas
de las casas, no importando quién estuviera dentro.
Elizabeth Acosta lo recuerda: “Habíamos firmado un
acuerdo con el encargado jurídico de la delegación para
regularizarnos y ellos prometieron que no iba haber desalojo,
pero nos engañaron. Llegaron como a las 6:30 de la mañana
y una hora después comenzaron a tirar todo”.
En el lugar se habían construido 32 casas, sólo algunas de
ellas eran de lámina y la mayoría ya tenía cimientos y muros
de concreto. Auxiliados por maquinaria pesada, trascabos y
camiones de carga, los policías y trabajadores contratados
por las autoridades echaron por tierra las mamposterías y
los muros de tabicón.
Doña Elizabeth sobrevivió al desalojo poniendo en
riesgo su propia vida. “Cuando venían para mi terreno me
encerré y abrí las llaves del gas. Amenacé a los policías: si
ellos tocaban mi casa yo volaba todo en pedazos, conmigo
dentro”.
Según los vecinos, el predio está dividido en varias secciones,
las cuales pertenecen a diferentes dueños, por lo
menos tres. Pero, según la delegación, el desalojo se realizó
porque ésta es un área de reserva ecológica en donde se
puede sembrar, pero no iniciar desarrollos urbanos.
No era fácil dejar un terreno que les costó 60 mil pesos.
“Levantamos las casas y la delegación se dio cuenta de ello,
pero nunca nos dijo que no podíamos estar aquí, se esperó
hasta que estuviéramos bien instalados”, señala Elizabeth.
Saben que son terrenos agroindustriales pero “finalmente
son propiedad privada y nosotros los compramos,
aunque ellos digan que somos invasores”, agrega Graciela
Amaro, quien dice que ahora la incertidumbre es su única
vecina:“Dicen que estos terrenos los quiere la delegación
para la estación de autobuses de Taxqueña; otros dicen que
es para una zona residencial, la verdad no la sabemos. Lo
cierto es que mientras a nosotros no nos dan servicios, a las
colonias vecinas ya hasta tienen luz, el propio delegado vino
a inaugurarla”.
Como si la angustia no fuera suficiente, viven con la esperanza
de que algún día la delegación se lleve el cascajo
de las casas destruidas hace un año. Son monumentos a la
impotencia y también a la valentía de doña Elizabeth, quien
daría su vida por mantener el hogar de sus hijos si nuevamente
intentan desalojarlos.
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