El poder ya no respeta a Farmaindustria - Redacción Médica

e ntrevista
La Ley de Ciencia es uno de
los proyectos estrella en el departamento
que dirige Cristina
Garmendia en esta legislatura.
¿Cómo se ve este proyecto desde
el Partido Popular?
La necesidad de reformar la
Ley de Ciencia de 1986 estaba
contemplada por parte de
los dos partidos, Partido Popular
y Partido Socialista. Ambos
llevábamos en los programas
electorales la necesidad de sustituirla
por otra ley más adecuada
para las necesidades actuales.
A partir de ahí, el proyecto se ha
retrasado bastante respecto a los
plazos inicialmente previstos,
entre otras cosas como consecuencia
de los sucesivos cambios
organizativos que ha habido en el
Ministerio, tanto de su estructura
como de las personas responsables
de gestionarlo. Con todo,
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Gabriel Elorriaga
Portavoz del Partido Popular en la Comisión de Ciencia del Congreso
“La Ley de Ciencia es un retroceso
para tener un sistema común de
ciencia, tecnología e innovación ”
La labor del departamento que dirige Cristina Garmendia ha quedado
desprovista de su sentido último al deshacerse de competencias que le eran
propias, por ejemplo las relacionadas con la Universidad, y sufrir un drástico
recorte presupuestario en el contexto de la crisis económica internacional. En
opinión del portavoz de Ciencia del PP en el Congreso, hay aspectos formales
que dan cumplida cuenta de esta gestión defectuosa, como el estorbo mutuo
de dos normativas promovidas por el Gobierno central: el proyecto de Ley de
Ciencia y la Ley de Economía Sostenible.
por> JavierBarbado / MaríaMárquez / fotos> PabloEguizábal
desde el Partido Popular hemos
reiterado públicamente nuestro
compromiso con la ley, y hemos
ofrecido siempre nuestra colaboración
para intentar sacarla con el
máximo consenso posible.
Se han formulado críticas que
han resaltado la falta de ambición
de la ley. La oposición ha
mencionado los contratos dirigidos
a los investigadores. ¿Qué
otros reparos pone a la norma?
Hay tres o cuatro cosas nucleares.
Una es muy conceptual, y es que la
Ley retrocede respecto a la situación
actual en lo que supone tener
un sistema común de ciencia, tecnología
e innovación. La cuestión
es que la ley, de una forma difícil de
entender, vuelve al esquema previo,
es decir, por un lado, aprueba
el Plan Nacional de I+D, y, por
otro lado, la Estrategia Estatal de
Innovación. Pero no hay un punto
de conexión de esos documentos,
lo cual es difícil de explicar.
El segundo asunto es el de la carrera.
La Ley se centra, casi en su
totalidad, en el diseño de la función
pública dentro de la Administración
General del Estado. Es
una Ley que casi se ha convertido
en una norma de los organismos
públicos de investigación del Estado,
lo cual responde a una visión
muy reduccionista de cuál es
el problema, y, en todo caso, no lo
resuelve.
En la actualidad, desde el año 2000
(gobernando el Partido Popular),
los programas Ramón y Cajal van
incorporando investigadores al
sistema con la voluntad de que
ingresen en puestos estables, sea
cual sea su naturaleza, esto es, que
tengan una continuidad después
de cinco años de programa en la