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entre el café y la palabra
¿Y cuáles serían los mínimos de ese proceso de normalización
para su gobierno?
La capacidad de decisión de la sociedad vasca que –igual
que la gente de cualquier otro país– lleva muchos años
exigiendo su derecho a decidir el tipo de relación que
quiere tener con el Estado. Aquí no se trata ya de un nuevo
estatuto –que también es importante–, se trata de si el
pueblo vasco es sujeto de decisión. Creo que esa es la clave
fundamental de este proceso.
Si se le diera esa oportunidad de opinar, ¿no cree que
se podría generar un conflicto, si lo que quisiera el
pueblo vasco fuera muy diferente de lo que el Estado
esuviera dispuesto a aceptar?
Sí, posiblemente, pero recuerde que el conflicto ya existe.
Es evidente que el conflicto entre el pueblo vasco y el
Estado existe porque, por ejemplo, el Parlamento Vasco
aprueba hace un año y medio una propuesta de un nuevo
marco jurídico en el Estado, que es aprobado por mayoría
absoluta en el Parlamento de aquí, y es rechazada en el
Parlamento Español sin capacidad de debate. Quiere esto
decir que ahí hay un conflicto político, que hay una soberanía
del pueblo vasco –representada en su Parlamento– y
la soberanía del pueblo español –que está representada en
las Cortes Generales– que chocan, que no se han respetado.
Y ese conflicto político, ¿cómo se soluciona? No se
soluciona ahondando en el problema sino tratando de
buscar acuerdos.
¿Cuál es el papel que ha de tener el Gobierno Vasco en
este proceso?
Nosotros tenemos claro que la negociación sobre la violencia,
los presos y la paz debe tratarse entre el Gobierno
Español y ETA. Nosotros no vamos a estorbar en ese proceso
y, en la medida de nuestras posibilidades, lo alentaremos,
lo apoyaremos porque no queremos ninguna cuota
de protagonismo, ya que cada uno tiene un papel que
representar. Nosotros debemos tener un protagonismo
activo en la mesa política, en la que no tiene que estar
presente ETA ni tampoco el Gobierno Español. Tienen que
estar las fuerzas políticas vascas, cada una con su propia
propuesta y con la capacidad suficiente para entender que
el que está enfrente tiene una parte de razón y posee elementos
positivos, de cara a un proceso de paz. Si alguien
va con la idea de que su planteamiento se tiene que imponer
porque es el mejor, estaremos fracasando de salida. En
el caso de mi partido –Eusko Alkartasuna– estamos obligados
a llevar la propuesta política que fue aprobada por
el Parlamento Vasco en diciembre de 2004, lo que se
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depaso
denomina el Plan Ibarretxe, y a partir de ahí negociar con
la flexibilidad suficiente para avanzar.
Antes hablábamos de la normalización que ha de
acompañar al proceso de paz. Poniéndonos en la parte
de las víctimas, en la negociación se deberán tomar
decisiones dolorosas para ellas. ¿Qué tipo de apoyo
está ofreciendo el Gobierno Vasco?
Como Gobierno estamos trabajando en dos líneas que presentaremos
próximamente: una, la que lleva la Dirección de
víctimas y otra, la que lleva mi Departamento, que es el
tema de la reconciliación. Hablamos siempre de paz, de normalización,
pero nunca de reconciliación. Cuando el Gobierno
Central dé pasos referentes a los presos, no esperamos
que las víctimas bendigan esas medidas; pero sí es necesario
que esos pasos se les expliquen bien, ya que se les pide
un sacrificio más. Se trata de crear un proceso de reconciliación
similar al que se está desarrollando en Irlanda.
Uno de los principales motivos de confrontación entre el
Estado Español y el Gobierno Vasco se sitúa en temas de
Justicia. Ustedes exigen su descentralización y la creación
de un Consejo Judicial Vasco. ¿Cómo está la situación
y qué visos de avances se perciben a corto plazo?
Creo que ninguno. Aquí, en los 27 años de vigencia de la
Constitución, se han descentralizado el poder legislativo y
el poder ejecutivo y falta por descentralizarse el poder
judicial, la otra pata del estado democrático. Creemos que
cada Comunidad Autónoma debe tener un margen de descentralización
suficiente para que los procesos judiciales
puedan comenzar y terminar dentro de nuestra comunidad,
sin ir a otras instancias –Audiencia Nacional o TSJ–,
que deberían servir únicamente para unificar doctrina.
Nosotros hemos de tener un ámbito de actuación propio.
Eso no significa que debamos tener jueces y fiscales propios.
No, con la gente que tenemos, con los jueces que son
buenos profesionales y con los fiscales, lo que planteamos
es esa autonomía de funcionamiento.
¿Por qué si existen unos planteamientos similares entre
Cataluña y Euskadi, aquí no se han transferido las
competencias en prisiones y allí sí?
Por razones estrictamente políticas. El Gobierno Vasco tiene
un esquema propio de lo que tiene que ser un modelo
penitenciario, porque creemos que el que se está desarrollando
en el Estado es absolutamente caduco. Convierte
las prisiones en un almacén donde van metiendo presos y
presas que estorban en la calle. No hay un proceso de
colaboración con los reclusos para reinsertarlos en la
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