La corrupción y su freno. Ciudadanía, instituciones y normas

En el plano represivo, la norma modernizó e incorporó nuevos delitos contra la
Administración Pública, con la fi nalidad de sancionar el uso indebido de la función pública.
Entre otros, tipifi có el tráfi co de infl uencias y el uso indebido de información privilegiada.
También estableció un breve vademécum de principios y normas de conducta en
la función pública.
Sin embargo, en la discusión parlamentaria quedaron por el camino fi guras penales
que los organismos internacionales recomiendan incorporar para la erradicación de la
corrupción, como el enriquecimiento ilícito a costa de la función pública. En una ajustada
votación, ese tipo penal fue rechazado al triunfar la posición que lo considera violatorio
del principio de inocencia que rige el Derecho Penal liberal, por invertir la carga de la
prueba.
Fue una oportunidad perdida, al punto que hasta la fecha el Parlamento no ha
logrado avanzar en la adopción de esa fi gura, pese a los reiterados llamados en ese sentido
del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción (MESICIC).
Asimismo, las facultades de la Junta Anticorrupción quedaron limitadas a las de
un órgano de asesoramiento y no se le otorgaron facultades inquisitivas, ni siquiera en lo
que respecta a las declaraciones de ingresos, activos y pasivos. La norma también se reveló
insufi ciente en materia de sanciones a los efectos de prevenir las omisiones o informaciones
erróneas en las declaraciones juradas. Recién en 2007 se establecieron sanciones para
los funcionarios públicos que omitieran la obligación de declarar sus ingresos.
Pero, de hecho, varias debilidades fueron señaladas por reiterados informes del
Comité de Expertos del MESICIC, y un resumen de ellas se expone más adelante.
El marco normativo general
Sin perjuicio del papel central que la Ley Nº 17.060 tiene en la normatividad
anticorrupción, otra serie de leyes aprobadas en forma dispersa y no sistemática, también
deben incluirse en el arsenal legal vigente para prevenir, denunciar y perseguir la corrupción
en el Estado.
Entre las más trascendentes se encuentra la Ley Nº 18.046 del 23 de octubre de
2006 sobre Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, que entró en vigencia
el 1º de enero de 2007 y que estableció una sanción pecuniaria equivalente al 50%
de los ingresos, aplicable a aquellos funcionarios y ex funcionarios públicos declarados
omisos en la obligación de presentar su declaración jurada de ingresos, activos y pasivos.
Esta retención legal fue reglamentada por el Decreto Nº 152/007 del 26 de abril de 2007.
Actualmente, 11.138 funcionarios de la Administración Central, los poderes estatales y las
empresas y entes públicos, están obligados a presentar esta declaración.
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