La corrupción y su freno. Ciudadanía, instituciones y normas

Las obligaciones internacionales
en materia de corrupción
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó
a fi nes de la década de 1990 el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de
la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), un mecanismo “para
apoyar a los Estados que son parte del mismo en la implementación de las disposiciones
de la Convención, mediante un proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de
igualdad, en donde se formulan recomendaciones específi cas con relación a las áreas en
que existan vacíos o requieran mayores avances.
Uruguay suscribió la Declaración sobre el MESICIC el 4 de junio de 2001 durante
el 31º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea de la OEA, en San José de Costa
Rica.
En forma bianual –a través de un mecanismo denominado ronda–, el Comité de
Expertos del MESICIC desarrolla una evaluación de la implementación de la Convención
y realiza recomendaciones.
El hecho de formar parte de un mecanismo internacional al que voluntariamente
ha adherido el Estado, se traduce en obligaciones jurídicas internacionales.
Uruguay participó hasta la fecha en tres rondas de análisis (2004, 2006 y 2008)
con distinto grado de cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
El informe de la última ronda recopila las recomendaciones realizadas en las distintas
oportunidades, pero que aún no han sido cumplidas en su totalidad.
Se trata del “Plan de Acción 2008” para la ejecución de las recomendaciones formuladas
por el Comité de Expertos del MESICIC. El trabajo fue realizado en diciembre
de 2008 por el experto Eduardo Lust Hitta, contratado por concurso por la OEA para la
realización de ese estudio.
Sus recomendaciones más importantes, muchas de las cuales aún están en proceso
de cumplimiento, consisten en:
1. “Analizar las posibles situaciones generadoras de confl ictos de intereses en caso
de cese de funcionario público” y “fortalecer aún más la implementación de leyes
y sistemas reglamentarios con respecto a los confl ictos de intereses”.
2. “Complementar las restricciones previstas en la ley para quienes dejan de desempeñar
un cargo público, incluyendo, cuando corresponda, otras eventualidades
que también podrían confi gurar confl ictos de intereses con posterioridad a la terminación
del ejercicio de las funciones públicas, que fueren aplicables durante un
periodo razonable”.
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