La corrupción y su freno. Ciudadanía, instituciones y normas

101 procesados en el primer semestre
En los primeros seis meses de funcionamiento de los nuevos Juzgados Especializados
en Crimen Organizado, fueron procesadas 101 personas por delitos de narcotráfi co,
contra la Administración Pública, lavado de activos y ley de marcas.
Según la jueza Graciela Gatti, se iniciaron 132 expedientes de los cuales 81 continúan
en trámite y 23 fueron archivados, 25 pasaron a la etapa de sumario y continúan a
estudio. Unas 16 personas fueron remitidas en las primeras 48 horas de investigación,
otras 85 fueron enjuiciadas en etapas posteriores y 34 fueron enviadas a prisión y 51
procesadas sin prisión.
Gatti dijo que con los juzgados especializados, “el país asumió el reto de colocar la
investigación y represión del crimen organizado entre sus prioridades”. Afi rmó que el
uso de “técnicas de investigación proactivas como la vigilancia electrónica, la entrega
vigilada, el agente encubierto y al fi gura del colaborador, absolutamente necesarias para
investigar casos de crimen organizado, requieren mesura y deben ser siempre utilizadas
por resolución judicial, en forma por demás fundada, puesto que son invasivas de la privacidad
de las personas”. Dijo también que “la droga representa entre el 10% y el 15%
del crimen organizado a nivel mundial. El resto está constituido por corrupción, lavado
de dinero, falsifi cación, piratería y tráfi co de armas, entre otros”. (tomado de “El Observador”,
23 de junio de 2009)
La Suprema Corte de Justicia garantiza la buena
reputación del sistema
La imposición de las correcciones disciplinarias es una atribución de la Suprema
Corte de Justicia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 235 de la Constitución de la
República.
Los actores del Poder Judicial consultados para esta investigación -jueces y fi scales con
larga experiencia en la magistratura- coincidieron en señalar que la rectitud de los funcionarios,
incluidos los magistrados, es uno de los factores de solidez y reputación del sistema.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia aplicó distintas sanciones a los jueces,
previstas en los artículos 112 y 114 de la Ley Nº 15.750 (“Ley Orgánica de la Judicatura y
de Organización de los Tribunales”).
De acuerdo a un trabajo elaborado por la Suprema Corte de Justicia con información
estadística solicitada para este estudio, en 2006 hubo 10 intervenciones de este
organismo vinculadas a inconductas de jueces. En seis de ellas se dispusieron sanciones
de variada gradación: amonestación, apercibimiento y censura oral, pérdida al derecho al
ascenso por un cierto período y descenso de categoría. En las restantes cuatro, se clausuró
el procedimiento.
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