La corrupción y su freno. Ciudadanía, instituciones y normas

Más corruptela que corrupción
Como se mencionó, el consultor Lust Hitta fue el encargado de elaborar el capítulo
uruguayo para el Plan de Acción 2008 del mecanismo de seguimiento de la CIC.
En ese estudio, el experto afi rmó que la corrupción “afecta a países y gobiernos
de diferentes características y signos, y existe consenso de que la falta de transparencia y la
corrupción tienen impactos directos sobre la estabilidad democrática, las perspectivas del
crecimiento económico, el desarrollo sostenible y en general, entrañan la violación de los
derechos humanos”.
Consultado para esta investigación, Lust Hitta afi rmó que Uruguay ha evolucionado
en los puntos donde se le señalaron insufi ciencias. “En Uruguay no creo que haya
una corrupción institucionalizada. Hay casos de corrupción en el gobierno, hubo y habrá,
pero son casos puntuales de algún funcionario. Además, hay pequeñas corruptelas a nivel
de empleados públicos y eso ocurre, por ejemplo, en el Ministerio del Interior”, opinó.
Para dimensionar el problema, explicó que de 100 casos de corrupción que se estudiaron
en los entes autónomos, servicios descentralizados y ministerios, con la excepción
del Ministerio de Defensa, 70 correspondieron al Ministerio del Interior.
En Uruguay se destituyen unos 40 funcionarios al mes, la mitad corresponde al
Ministerio del Interior y de ellos, la mitad es por corrupción. Es más probable encontrar
casos de “corruptela” (pequeños casos de corrupción) estimados en unos 3.000 al año,
“que no convierten al Uruguay en un Estado corrupto”, opinó el experto.
Lust Hitta dijo que el MESICIC reclamó al Uruguay acciones en varios campos,
pero en muchos de ellos se trataba de problemas solucionados o en vía de solución. En el
área de los funcionarios públicos, se reclamó que el ingreso a la administración se realice
por concurso, algo que ya se está haciendo en el actual gobierno.
El entrevistado colocó en el debe los mecanismos de compras del Estado, sobre
todo las compras directas y los llamados a licitación abreviada, donde pidió profundizar
los controles.
También marcó como una carencia que persiste el hecho de que no se hagan
públicas las declaraciones juradas de los funcionarios estatales obligados a presentarlas.
Ubicó a su vez como un problema los potenciales confl ictos de intereses en los que
podrían estar muchos empleados públicos que trabajan para el Estado y, a su vez, para
empresas privadas que hacen negocios con personas públicas.
En Uruguay está prohibido el doble empleo público, salvo que uno de ellos sea de
docencia, pero se da con bastante frecuencia, básicamente con profesionales (arquitectos,
abogados y contadores), que trabajan para el Estado y el sector privado al mismo tiempo.
“Ese es un problema difícil de resolver”, estimó Lust Hitta.
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