La corrupción y su freno. Ciudadanía, instituciones y normas

de Senadores. Pueden desempeñarse por un máximo de cinco años y no pueden ser reelegidos
para el cargo.
La JUTEP cuenta hoy con 11 funcionarios y contrata técnicos externos para trabajos
de asesoramiento. De acuerdo a sus cometidos legales, el organismo tiene acotado
su rol investigativo y concentra su función en los aspectos preventivos del fenómeno de la
corrupción y el asesoramiento a la Justicia Penal y la administración en materia de corrupción,
hecho que diezmó su efi cacia y poder de investigación.
Puede propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la probidad
y transparencia en la administración estatal, asesora al Poder Judicial y al Poder
Ejecutivo en el combate a la corrupción y recaba y custodia las declaraciones juradas de
ingresos, activos y pasivos, de los funcionarios públicos obligados por la ley.
Su presidente, Adolfo Pérez Piera, consultado para esta investigación, dijo que
la Junta “no investiga, ni reprime: tiene naturaleza preventiva”. Esa estructura hace que
presente falencias a la hora de indagar casos de corrupción en la administración. Incluso
no tiene un poder sancionatorio efectivo. Apenas para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia que establece su ley de creación, puede proceder a publicar
nóminas de incumplidores y concurrir ante la Justicia como cualquier otro organismo
público.
El organismo es el encargado de administrar el sistema de declaraciones juradas
de ingresos, activos y pasivos, que están obligados a realizar determinados jerarcas públicos,
que deben ser actualizadas cada dos años. El sistema alcanza actualmente a 11.138
funcionarios.
El artículo 99 de la Ley Nº 18.046 autorizó a la Junta a ordenar la retención del
50% de los ingresos de los funcionarios omisos en realizar la declaración jurada patrimonial,
con resultados positivos. Las declaraciones se reciben en sobre cerrado y no se hacen
públicas, salvo la del presidente y vicepresidente de la República. Pérez Piera consideró
que ese es un punto discutible y se analiza en talleres organizados por la Junta si no debería
cambiarse el sistema.
Se abren únicamente a pedido de la Justicia, de una comisión investigadora del
Parlamento, a pedido del propio declarante, o de ofi cio por parte de la Junta ante una
denuncia concreta.
Lo cierto es que sólo se controla la presentación de las declaraciones juradas pero
no la veracidad de su contenido, lo que constituye otra debilidad importante del sistema.
A vía de ejemplo, la Junta no tiene facultades para indagar si las declaraciones
juradas sobre patrimonio, ingresos y activos que hacen los funcionarios contienen errores,
omisiones o subdeclaraciones. En promedio, apenas una veintena de un total de 11.500
declaraciones son abiertas por año para ser investigadas y la mayor parte de esos casos es
a pedido de la Justicia Penal. Desde 2006, ninguna declaración fue abierta a pedido de la
propia Junta, reconoció Pérez Piera.
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